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Comisión legislativa de Costa Rica recomienda frenar la reelección de magistrada Patricia Solano

Redacción BM Online•23 de octubre de 2026 a las 09:05 p. m.•San José

Mujer de cabello castaño habla frente a un micrófono en una sala de reuniones legislativa mientras levanta un dedo.

La reelección de magistrada Patricia Solano Castro recibió un dictamen desfavorable en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El bloque oficialista impulsó el rechazo a su continuidad por un nuevo período de ocho años, alegando fallas en la gestión contra la inseguridad ciudadana. La votación concluyó con cuatro votos en contra y tres a favor de mantenerla en su puesto dentro de la Corte Suprema de Justicia.

El dictamen contó con el voto negativo de cuatro congresistas pertenecientes a la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Por el contrario, tres legisladores de partidos opositores respaldaron la permanencia de la alta jueza. Esta determinación legislativa representa una recomendación no vinculante, por lo que el plenario de la Asamblea Legislativa deberá tomar la decisión final en los próximos días.

Cuestionamientos oficialistas a la reelección de magistrada

Durante el debate legislativo, la bancada de gobierno concentró sus críticas en el desempeño de la funcionaria frente al auge de la criminalidad. La congresista Marta Esquivel, presidenta del órgano legislativo, argumentó que Solano no logró formular una política criminal adecuada para el contexto actual. Los oficialistas Yara Jiménez, Antonio Barzuna y Gerald Bogantes también votaron en contra del nombramiento.

Entre los reparos expresados, se cuestionó la respuesta del Poder Judicial frente al crimen organizado y la falta de causas locales contra personas requeridas por la justicia estadounidense. Desde la bancada gubernamental se sostuvo que el sistema judicial costarricense requiere renovaciones estructurales para enfrentar con mayor eficacia los delitos complejos y mejorar la seguridad en todo el país centroamericano.

La defensa técnica de Patricia Solano y apoyo opositor

En su audiencia ante la comisión, Patricia Solano defendió su trayectoria judicial iniciada en 1988 e instó a evaluar su gestión con información verificable. La magistrada, que preside la Sala Tercera de casación penal desde noviembre de 2018, explicó la evolución del circulante procesal a su cargo. Señaló que heredó 477 expedientes pendientes, logró bajarlos a 306 entre 2021 y 2022, y que a septiembre de 2026 subieron a 558 causas debido a la complejidad de las investigaciones.

La oposición parlamentaria brindó su respaldo a la jerarca judicial con los votos de Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional, junto con Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio. Los legisladores opositores argumentaron la necesidad de resguardar la independencia de los poderes del Estado y basar estas designaciones en criterios técnicos y trayectoria profesional comprobada.

Procedimiento constitucional y votación requerida en el plenario

El debate sobre la reelección de magistrada se resolverá según las reglas del artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica. La normativa dispone que las magistraturas se reeligen de forma automática por ocho años, a menos que una mayoría calificada de 38 diputados vote en contra en el plenario legislativo. El mandato actual de Solano concluye el 6 de noviembre de 2026.

El partido oficialista dispone de 31 escaños en el Congreso, por lo que requerirá sumar al menos siete sufragios de las fuerzas opositoras para bloquear la continuidad. Paralelamente a esta definición parlamentaria, Solano compite este lunes 26 de octubre por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, un proceso interno donde se requieren 12 votos de la Corte Plena para dirigir el tribunal por cuatro años.

Datos clave

  • Dictamen desfavorable: La Comisión de Nombramientos votó cuatro a tres contra la reelección de Patricia Solano.
  • Voto decisivo en el plenario: El oficialismo requiere 38 votos de 57 congresistas para impedir su continuidad automática hasta 2034.
  • Plazo constitucional: La definición sobre la magistratura de casación penal debe concretarse antes del 6 de noviembre de 2026.
  • Candidatura adicional: Solano aspira también a la presidencia de la Corte Suprema en una votación interna de Corte Plena.

Fuente: infobae.com

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