Una investigación federal desarticuló una red de matrimonios falsos en Massachusetts que cobró sumas millonarias a ciudadanos extranjeros durante casi una década. La presunta líder del esquema fue identificada por las autoridades como Jennifer González, una mujer de 43 años originaria de Fall River, quien junto a otros cinco colaboradores orquestó al menos veinte enlaces arreglados. La operación cobraba entre 38.000 y 40.000 dólares a migrantes que buscaban obtener la residencia legal en los Estados Unidos.
Modus operandi de la red de matrimonios falsos
De acuerdo con la acusación formal presentada ante la justicia federal, la organización preparaba ceremonias simuladas con aspecto legítimo. Los participantes utilizaban trajes formales, vestidos de novia, anillos y ramos para documentar el evento mediante fotografías que luego eran presentadas como evidencia de una convivencia real. Varios de los ciudadanos estadounidenses reclutados por el grupo accedieron a casarse en múltiples ocasiones a cambio de pagos en efectivo.
Las autoridades migratorias precisaron que ninguno de los migrantes que pagó por el enlace nupcial fue acusado penalmente en este proceso. Cinco de los sospechosos fueron detenidos en operativos matutinos y trasladados ante un juez de distrito, mientras que el sexto imputado ya se encontraba recluido en una prisión estatal por una condena previa vinculada a armas de fuego. La causa continúa abierta bajo la supervisión de agencias federales de seguridad interior.
Acusaciones formales y desvío de fondos al exterior
Los fiscales Leah Foley, Shawn Saucier y John Soares detallaron que los imputados afrontan cargos por conspiración y fraude matrimonial, además de albergar a extranjeros en situación irregular. La pesquisa reveló que las ganancias obtenidas mediante la red de matrimonios falsos eran enviadas a la República Dominicana. En dicho país caribeño, González habría invertido el dinero en la compra de propiedades inmobiliarias y diversas empresas comerciales.
El expediente judicial también incluye denuncias por fraude a programas estatales de asistencia social. Varios de los involucrados declararon falsamente que nunca habían contraído matrimonio para calificar en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. En particular, la líder del grupo fue acusada de cobrar indebidamente cerca de 120.000 dólares a través de estos subsidios públicos, además de incurrir en presuntas irregularidades vinculadas a beneficios de vivienda y desempleo.
Antecedentes y endurecimiento migratorio
La fiscal federal Leah Foley remarcó que este tipo de esquemas constituye un perjuicio directo contra quienes siguen los trámites migratorios regulares. Según explicaron los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, el funcionamiento de una red de matrimonios falsos vulnera los mecanismos institucionales que permiten la reunificación familiar auténtica y vuelve más rigurosos los controles para parejas legítimas. El caso se produce en un contexto de crecientes restricciones administrativas en el sistema migratorio estadounidense.
Los tribunales federales de la región ya habían registrado casos similares en años recientes. En agosto pasado, once personas fueron imputadas por facilitar residencias fraudulentas a ciudadanos de origen chino a cambio de sumas millonarias. Asimismo, las autoridades de Massachusetts condenaron previamente al ciudadano filipino Marcialito Biol Benitez, quien dirigía una agencia ilícita desde Los Ángeles. Estos antecedentes reflejan una vigilancia intensificada sobre las irregularidades en las solicitudes de residencia permanente.
Datos clave
- Esquema millonario: La organización desarticulada pactó cerca de veinte matrimonios por tarifas individuales de hasta 40.000 dólares.
- Cargos federales: Seis personas enfrentan imputaciones por fraude matrimonial, conspiración y cobro indebido de beneficios sociales.
- Inversiones en el exterior: Las ganancias ilegales fueron destinadas a la adquisición de inmuebles y negocios en la República Dominicana.
- Sin cargos para clientes: Los ciudadanos extranjeros que pagaron por los matrimonios simulados no resultaron procesados en esta instancia judicial.
