Una solicitud formal de quiebra de Grupo Vázquez fue presentada ante los juzgados en lo Civil y Comercial de la capital paraguaya por el impago de deudas millonarias. La acción legal responde a una situación crítica de insolvencia y falta de liquidez en la sociedad anónima emisora tras las medidas oficiales adoptadas recientemente contra una de sus firmas operativas más relevantes.
La acción judicial fue impulsada bajo la representación del abogado Marcial Bordas Álvarez, junto al patrocinio de los letrados Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal. La parte demandante sostiene que la compañía cayó en una evidente cesación de pagos luego de haber acumulado compromisos financieros insatisfechos por cifras sumamente abultadas.
La deuda que impulsó el reclamo civil
El requerimiento legal promovido ante la magistratura se fundamenta en el incumplimiento de un crédito que sobrepasa los G. 5.500 millones. Dicho saldo pendiente ya contaba con mandamientos judiciales previos de intimación de pago y resoluciones de embargo que resultaron completamente insatisfechos por parte de los deudores.
De acuerdo con la presentación de los profesionales intervinientes, la firma emisora ha demostrado una total inhabilidad operativa para cumplir regularmente con sus acreencias. Este escenario económico tornó inviable la continuidad ordinaria de los pagos pactados con quienes concedieron los recursos financieros reclamados.
Impacto directo de la resolución bancaria
La argumentación del escrito jurídico vincula de manera directa el deterioro patrimonial de la corporación con la determinación tomada por el Banco Central del Paraguay. La máxima autoridad monetaria del país notificó la apertura del procedimiento de resolución de la entidad Ueno Bank SA, lo que desencadenó un golpe decisivo a la estructura financiera del conglomerado.
Según detallan los informes técnicos de calificación de riesgo citados en la demanda, esta institución bancaria concentraba una fracción fundamental de la generación de ingresos y del EBITDA consolidado de las empresas del grupo. A partir de las medidas supervisoras y el bloqueo preventivo de cuentas bancarias, el conglomerado quedó privado de liquidez para atender sus obligaciones monetarias inmediatas.
Solicitud de periodo de sospecha y acciones penales
En el marco del pedido de quiebra de Grupo Vázquez, la querella requirió la apertura formal del periodo de sospecha que contempla la legislación comercial vigente. Esta figura jurídica permite indagar de manera retrospectiva todas las operaciones mercantiles, transferencias de patrimonio o eventuales desvíos de activos ejecutados por la entidad deudora en perjuicio de sus acreedores.
El abogado Federico Campos López Moreira remarcó a través de canales públicos que los representantes legales seguirán de cerca el rastro de los fondos pendientes. La estrategia procesal apunta a promover también intervenciones de orden penal y administrativo para que los responsables respondan ante los tribunales con sus bienes e incluso con eventuales penas carcelarias.
Datos clave
- Monto impago: La demanda de quiebra directa se sustenta en una deuda exigible que supera los G. 5.500 millones.
- Representación jurídica: La acción judicial está encabezada por Marcial Bordas Álvarez y patrocinada por Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal.
- Causa detonante: La crisis financiera se agravó con la resolución oficial de Ueno Bank SA dispuesta por el Banco Central del Paraguay.
- Estrategia legal: Los demandantes solicitaron habilitar el periodo de sospecha para investigar transferencias previas y anular posibles maniobras de ocultamiento patrimonial.
