La quiebra de Banco Ueno provocó una severa conmoción económica en Paraguay tras dejar a millones de personas sin acceso a sus ahorros bancarios. La banca matriz inició el desembolso parcial de las garantías a más de 1,7 millones de personas afectadas luego de la intervención institucional. La crisis derivó en un terremoto político con la destitución del mandatario de la República por sus nexos con la entidad.
El sistema financiero nacional enfrenta uno de sus episodios más complejos debido al volumen de recursos comprometidos en la firma digital. Aunque las ventanillas comenzaron a liberar saldos de manera escalonada, la mayor parte del capital sigue congelada, incluyendo millonarias partidas de fondos previsionales del Estado.
El alcance tras la quiebra de Banco Ueno en los depósitos
En un periodo menor a tres años, la entidad financiera intervenida captó colocaciones cercanas a los 2.800 millones de dólares. Según explicó José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central del Paraguay, el 71 por ciento de este dinero correspondía a personas y empresas del sector privado. El 29 por ciento restante integraba carteras del sector público, con una fuerte participación del Instituto de Previsión Social.
La incautación de la entidad se concretó el pasado 3 de noviembre tras detectarse agudos desajustes de solvencia patrimonial. De la masa total depositada, el ente regulador solo devolvió cerca de 335 millones de dólares hasta comienzos de semana. Dicha cifra cubre una primera fase del rescate legal, pero mantiene en vilo a las firmas e instituciones con saldos que superan los topes de resguardo.
Mecanismo de devolución y cobertura de los fondos
El esquema de protección estatal ampara a los ahorristas hasta un equivalente cercano a 37.000 dólares por titular en cada entidad bancaria. Mediante una ley de emergencia aprobada de urgencia, se facultó a la banca matriz a ejecutar anticipos de hasta unos 19.000 dólares en una semana, dejando el remanente previsto para una etapa inmediata posterior. Hasta el momento, este desembolso alcanzó al 93,1 por ciento de los clientes habilitados para esta etapa inicial.
De los más de tres millones de usuarios que la entidad reportaba en su cartera comercial, la autoridad monetaria reconoció formalmente a 1.867.000 ahorristas con derecho a la garantía. Maciel precisó que el fondo prevé restituir unos 740 millones de dólares en total, lo que significa apenas el 27 por ciento de los depósitos globales. El resto de las acreencias dependerá de la liquidación de activos y del cobro de la cartera crediticia.
Fondos previsionales e investigación de desvíos al exterior
El impacto del colapso alcanzó a organismos sensibles como el Instituto de Previsión Social, cuyo director de inversiones, Hugo Díaz, confirmó una exposición cercana a 516 millones de dólares colocados en la firma. Esta entidad administra la cobertura de salud y las jubilaciones de más de un millón y medio de paraguayos. Ante esta situación, el presidente en funciones, Pedro Alliana, manifestó públicamente que la recuperación de los recursos del régimen jubilatorio será prioritaria.
En el ámbito judicial, el Ministerio Público investiga presuntas maniobras de vaciamiento y rastrea transferencias al extranjero en cooperación con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina. El fiscal Manuel Doldán encabezó allanamientos a dependencias del banco y a domicilios particulares. Las pesquisas involucran al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva, mientras se tramita el congelamiento de criptoactivos fuera del país tras la quiebra de Banco Ueno.
Datos clave
- Monto global comprometido: la entidad acumuló cerca de 2.800 millones de dólares en depósitos en menos de tres años antes de su intervención.
- Fondos públicos atrapados: más de 800 millones de dólares pertenecen al Estado paraguayo, de los cuales 516 millones corresponden al Instituto de Previsión Social.
- Cobertura del rescate: el Fondo de Garantía prevé devolver unos 740 millones de dólares, lo que equivale al 27 por ciento del dinero depositado.
- Avanzada judicial: la Fiscalía coordina con tres países el rastreo de activos en el exterior y ejecutó allanamientos en el marco de la causa.
