El tratamiento de cinco proyectos ambientales en Panamá cobró un fuerte impulso legislativo para blindar la protección de cuencas hídricas, ríos y áreas forestales. La Asamblea Nacional analiza un paquete normativo que combina la contención de residuos sólidos fluviales con la creación de nuevas reservas territoriales y la regularización del arbolado en zonas urbanas.
Estas propuestas atraviesan diferentes etapas de evaluación en el parlamento y buscan responder a la presión de la expansión demográfica sobre los ecosistemas locales. Con estas medidas, los legisladores pretenden establecer un marco regulatorio moderno que mitigue la degradación de los recursos naturales en varias regiones del territorio panameño.
Nuevas barreras fluviales y actualización de cuencas
Uno de los textos más avanzados corresponde al Proyecto de Ley 192, el cual superó su primer debate y fomenta la implementación obligatoria o voluntaria de biobardas en ríos con salida al mar. Estas estructuras flotantes interceptan plásticos y desechos sólidos arrastrados por la corriente para evitar que alcancen las zonas costeras y marítimas. Su articulado contempla que empresas privadas, entidades públicas, oenegés y comunidades organicen faenas de colocación y mantenimiento, ofreciendo incentivos fiscales que serán reglamentados por el Ministerio de Ambiente en un plazo de doce meses tras su promulgación.
En paralelo, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 590, presentado por la diputada Yarelis Rodríguez. Esta normativa busca reformar de manera integral la Ley 44 de 2002, cuerpo legal enfocado en el manejo sustentable y la conservación de cuencas hidrográficas. El documento se confeccionó tras consultas técnicas con la Autoridad de los Recursos Acuáticos y otras dependencias gubernamentales, incorporando aportes del Proyecto de Ley 482 para actualizar normativas que llevan más de dos décadas sin revisiones sustanciales.
Áreas protegidas y arbolado urbano bajo análisis
Dentro de este conjunto de proyectos ambientales en Panamá, el Anteproyecto de Ley 178 recibió el respaldo formal para continuar su trámite. Impulsado por el diputado José Pérez Barboni, plantea declarar reserva protegida un sector boscoso del corregimiento de Ancón cercano a Villa de las Fuentes, dentro del área de Betania. La intención prioritaria es blindar la cuenca del río Curundú ante el avance inmobiliario, reactivando una iniciativa ciudadana que ya se había planteado sin éxito legislativo durante 2023.
Por su parte, el Proyecto de Ley 429 fue derivado a una subcomisión especial para normar la plantación de especies arbóreas debajo de líneas y tendidos eléctricos. La propuesta busca impedir cortes imprevistos de energía mediante la selección controlada de especies de baja altura, fijando pautas para la convivencia armónica entre infraestructura de servicios básicos y áreas verdes urbanas, además de contemplar penalizaciones para quienes infrinjan las distancias mínimas reglamentarias.
Descentralización comunitaria con bosques corregimentales
El último componente legislativo lo constituye el Proyecto de Ley 727, orientado a fundar bosques corregimentales en todo el país. Esta figura jurídica busca transferir competencias directas y de custodia a las autoridades de cada corregimiento para preservar fragmentos boscosos remanentes. Una subcomisión liderada por el diputado Lenín Ulate, junto a sus colegas Orlando Carrasquilla y Arquesio Arias, encabeza las mesas de diálogo con los gobiernos locales y agrupaciones civiles.
El tratamiento integral de estos proyectos ambientales en Panamá refleja la urgencia de coordinar la gestión de residuos con el ordenamiento territorial frente a las consecuencias del cambio climático. Los proyectos deberán superar los debates reglamentarios restantes ante el pleno legislativo antes de convertirse en leyes nacionales.
Datos clave
- Uso de biobardas: El Proyecto 192 superó el primer debate y fija estímulos tributarios para instalar trampas de residuos fluviales.
- Modernización hídrica: La propuesta 590 modifica la Ley 44 de 2002 para actualizar las reglas de cuidado de cuencas tras 24 años de vigencia.
- Reserva urbana: El anteproyecto 178 pretende blindar el bosque de Ancón y preservar el caudal del río Curundú frente a la urbanización.
- Seguridad eléctrica: El proyecto 429 busca ordenar las especies sembradas debajo del cableado público para prevenir accidentes y cortes.
