Las masivas protestas en Guatemala fueron convocadas por diversos colectivos rurales para el 12 de octubre de 2026 en todas las cabeceras departamentales. La movilización comenzará a partir de las 07:00 bajo la coordinación de organizaciones sociales de amplia trayectoria en el territorio centroamericano. La medida busca visibilizar un extenso pliego de reclamos frente a la administración pública y los tribunales.
El Comité de Desarrollo Campesino, el Comité Campesino del Altiplano y el Frente Nacional de Lucha lideran esta articulación ciudadana. Los dirigentes explicaron que la acción colectiva pretende frenar el encarecimiento general del costo de vida. Además, solicitan una reforma sustancial en el funcionamiento de las entidades estatales y el cese de medidas que perjudican a las poblaciones vulnerables.
Motivos económicos tras las protestas en Guatemala
En el plano financiero y de recursos, los movimientos comunitarios expresaron su rechazo frontal a los subsidios estatales otorgados a las corporaciones privadas que importan derivados del petróleo. Los manifestantes plantean que dichos fondos públicos deberían emplearse en la edificación de una planta de refinación petrolera perteneciente al Estado, con el propósito de refinar y proveer combustibles de manera soberana.
Al mismo tiempo, las dirigencias sociales exigieron reestatizar el suministro eléctrico en las comunidades del interior. Denunciaron que los cobros aplicados por la distribuidora Energuate resultan excesivos para las familias trabajadoras. Esta situación tarifaria genera tensiones constantes en amplios sectores de la población rural que carecen de recursos suficientes para cubrir las boletas mensuales.
Otro punto central de la proclama apunta a reducir los ingresos salariales de los legisladores del Congreso de la República y de las máximas autoridades gubernamentales. Los promotores de la iniciativa proponen un techo salarial equivalente a cinco sueldos mínimos vigentes. El dinero ahorrado tendría que destinarse a la compra de fármacos esenciales y al montaje de laboratorios en la red hospitalaria pública.
Cuestionamientos al marco normativo y al sistema judicial
En el ámbito de las leyes, las entidades movilizadas demandaron la derogación inmediata del Decreto 8-2023, instrumento que incorporó modificaciones al Código Penal y a la legislación relativa al crimen organizado. Según los dirigentes comunitarios, esta clase de normativas tiende a utilizarse para perseguir la actividad sindical y social en distintas regiones del país.
Paralelamente, las organizaciones repudiaron la Iniciativa 6816 sobre la Ley de Aguas impulsada por el Organismo Ejecutivo. Desde su perspectiva, cualquier marco regulatorio hídrico debe formularse a partir de debates participativos con las comunidades originarias y agrícolas. También reclamaron que la fiscalía general investigue supuestas redes ilícitas que vincularían a parlamentarios con funcionarios judiciales, junto con el cese de los desalojos territoriales.
Exigencia de dimisiones en cortes y universidades
El descontento institucional incluye un pedido formal de renuncia contra el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos. Las organizaciones sociales consideran que su permanencia al frente de la casa de estudios carece de legitimidad. La demanda de alejamiento se extiende asimismo hacia los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.
Los organizadores señalaron que estas protestas en Guatemala funcionarán como un punto de partida para impulsar un proceso constituyente de carácter popular y plurinacional. El llamado insta a los sectores campesinos, obreros e indígenas a ganar las calles de manera pacífica para exigir transformaciones de fondo en la estructura del Estado.
Datos clave
- Convocatoria nacional: La movilización se desarrollará el 12 de octubre de 2026 a partir de las 07:00 en todas las cabeceras departamentales.
- Demandas energéticas: Solicitan construir una refinería pública y revertir la privatización de la distribución eléctrica rural.
- Tope de salarios: Plantean limitar las remuneraciones de diputados y altos cargos a un máximo de cinco sueldos mínimos para fondear hospitales.
- Pedidos de renuncia: Exigen la salida de las autoridades universitarias de la USAC y de los integrantes de las cortes suprema y constitucional.
