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Diputados aprueban pedidos de informes sobre el programa Hambre Cero a dos ministerios

Redaccion BM Online•18 de noviembre de 2026 a las 04:20 p. m.•Asunción

Un estudiante sostiene una bandeja con comida escolar mientras una trabajadora con tapabocas organiza las raciones.

La Cámara de Diputados aprobó dos pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo para fiscalizar la aplicación del programa Hambre Cero en todo el país. La iniciativa legislativa busca transparentar la nómina de estudiantes beneficiarios y verificar las compras realizadas a pequeños productores agrícolas. Ambas solicitudes recibieron el visto bueno unánime de los legisladores durante la última sesión ordinaria.

Auditoría del programa Hambre Cero en las escuelas

El primer requerimiento tiene como destinatario al titular del Ministerio de Educación y Ciencias, Luis Ramírez. La institución ministerial debe remitir un desglose pormenorizado de los establecimientos educativos que reciben el almuerzo y la cantidad exacta de alumnos matriculados.

Asimismo, los parlamentarios solicitaron el promedio de concurrencia diaria en las aulas y las cifras de platos servidos en cada turno. También se requirió documentar los protocolos previstos ante sobrantes de comida y los nombres del personal encargado de firmar las actas de recepción.

Esta solicitud de informes fue promovida por el diputado independiente Raúl Benítez. La meta principal radica en realizar un cruzamiento de datos para comprobar si la alimentación escolar llega de manera efectiva a los alumnos matriculados en cada departamento del país.

Control a compras de la agricultura familiar

El segundo pedido parlamentario se cursó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezado por Carlos Giménez. La Cámara Baja pretende corroborar el origen real de los insumos alimenticios distribuidos a través del programa Hambre Cero en las instituciones públicas.

Para ello, el ministerio debe presentar una lista exhaustiva de los productores y comités registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar que actúan como proveedores directos. Se busca comprobar si las empresas adjudicatarias compran materias primas a los labriegos locales o si recurren a intermediarios comerciales.

Los legisladores también exigieron el registro de inspecciones en finca efectuadas por los técnicos agrícolas, indicando fechas, zonas y resultados técnicos. A esto se suma el requerimiento del volumen total comercializado, cuantificado en kilogramos y en moneda nacional, atribuible a cada proveedor adjudicado.

Plazos legales y antecedentes del plan alimentario

Tanto Luis Ramírez como Carlos Giménez disponen de un plazo improrrogable de 15 días hábiles para responder formalmente ante la Cámara Baja. Ambos secretarios de Estado continúan al frente de sus respectivas carteras tras ser ratificados por el gobierno de Pedro Alliana.

La iniciativa nutricional escolar conoció múltiples cuestionamientos desde sus primeras fases operativas bajo la presidencia de Santiago Peña. Diversos sectores de la sociedad civil y del Congreso alertaron sobre posibles irregularidades contractuales en los fondos administrados por las gobernaciones departamentales.

Con estas indagaciones, el Legislativo intenta determinar si la cobertura alimentaria responde a las metas oficiales trazadas o si persisten brechas de atención. El análisis comparativo de las planillas docentes con las facturas del sector agropecuario resultará clave para esclarecer el destino de los recursos estatales asignados al programa Hambre Cero.

Datos clave

  • Requerimiento unánime: La Cámara de Diputados aprobó dos pedidos de informes dirigidos al MEC y al MAG sobre la ejecución del programa alimentario.
  • Cruzamiento de datos: El Ministerio de Educación deberá remitir planillas de asistencia, cantidad de raciones entregadas y protocolos ante sobrantes de comida.
  • Verificación a proveedores: El Ministerio de Agricultura debe transparentar las compras a la agricultura familiar inscripta en el RENAF y las fiscalizaciones en finca.
  • Plazo de respuesta: Los ministros Luis Ramírez y Carlos Giménez cuentan con 15 días hábiles para entregar los informes solicitados al Congreso.

Fuente: abc.com.py

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