El debate sobre el presupuesto de la Fiscalía para el próximo ejercicio sumó un nuevo capítulo tras la comparecencia de sus autoridades ante el Congreso Nacional. El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, solicitó a los legisladores una partida global de G. 1,29 billones para el plan de gastos de 2027. Este monto representa unos US$ 199 millones al cambio oficial proyectado y sobrepasa por US$ 72 millones el techo financiero fijado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La exposición tuvo lugar en Asunción frente a los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, encabezada por la diputada Cristina Villalba y el senador Silvio Ovelar. Durante su intervención, la máxima autoridad fiscal remarcó que las asignaciones cotidianas no sufrieron variaciones significativas en la última década. Por esa razón, defendió la necesidad de robustecer el presupuesto de la Fiscalía para superar limitaciones estructurales que van más allá del pago de salarios.
Los motivos para ampliar el presupuesto de la Fiscalía
Uno de los principales argumentos expuestos por la institución judicial se centra en la falta de infraestructura propia en todo el territorio paraguayo. Actualmente, alrededor del noventa por ciento de las dependencias fiscales operan en inmuebles alquilados, muchos de los cuales presentan un deterioro notable o carecen de diseño funcional para tareas de investigación penal. Esta condición dificulta la incorporación de herramientas tecnológicas y el resguardo de evidencias.
La institución cuenta con treinta y ocho terrenos cedidos en donación por diversas gobernaciones y municipalidades que todavía no pudieron ser edificados por falta de recursos. El plan institucional contempla el desarrollo gradual de estas propiedades en un plazo de entre cinco y diez años. Entre las zonas prioritarias figuran ciudades del norte como Concepción y Pedro Juan Caballero, además de puntos estratégicos del Chaco como Filadelfia y Mariscal Estigarribia.
La urgencia de infraestructura forense y sedes regionales
Dentro de las obras pendientes resalta la culminación de la sede regional de Encarnación, un edificio de once niveles recuperado tras una década de litigios y paralización. Su finalización y acondicionamiento técnico exigirán una inyección de US$ 5 millones. Las autoridades prevén que este centro brinde cobertura directa a las investigaciones penales de los departamentos de Itapúa, Misiones y Alto Paraná.
El plan institucional estima asimismo un desembolso inicial de G. 13.598 millones para instalar servicios periciales completos en cada cabecera departamental. Este esquema comprende la construcción de laboratorios forenses básicos, depósitos de evidencias de trescientos metros cuadrados y morgues judiciales de ciento setenta metros cuadrados. Mantener operativos estos complejos requerirá un suministro mensual aproximado de G. 470 millones por cada sede regional habilitada.
Déficit de agentes fiscales y atraso financiero
En cuanto a los recursos humanos, el Ministerio Público reporta una dotación cercana a los seis mil funcionarios pero con apenas trescientos cincuenta agentes fiscales activos. Rolón advirtió que una población superior a los siete millones de habitantes demanda por lo menos setecientos investigadores para atender los casos de manera oportuna. La puesta en marcha de cada unidad operativa adicional requiere una inversión de G. 1.140 millones entre vehículos, sistemas informáticos y suministros.
El titular de la entidad sostuvo que el ajuste en el presupuesto de la Fiscalía permitiría dejar atrás la precariedad acumulada entre 2023 y 2026, etapa en la que se cuantifican postergaciones financieras por G. 1,3 billones. El requerimiento apunta a blindar áreas sensibles como el combate al crimen organizado, la persecución de delitos económicos y ambientales, el cibercrimen y la atención integral a víctimas de violencia familiar en las fiscalías barriales.
Datos clave
- Monto solicitado: El Ministerio Público busca G. 1,29 billones (US$ 199 millones), lo que implica US$ 72 millones por encima de la propuesta del Ejecutivo.
- Déficit de locales: El 90 % de las oficinas del país operan en locales arrendados que no reúnen condiciones técnicas para la labor pericial.
- Obra en Encarnación: La culminación de la torre judicial de once plantas demandará US$ 5 millones para atender la zona sur del país.
- Falta de fiscales: La entidad cuenta con 350 agentes y calcula indispensable duplicar esa cantidad para responder a las causas abiertas.
