La problemática en torno a los presos políticos Nicaragua sumó una nueva alerta internacional tras la denuncia pública realizada por familiares de dos adultos mayores detenidos. Thelma Brenes, hija del dirigente opositor Carlos Brenes Sánchez, expuso este fin de semana que su padre y la cónyuge de este, Salvadora Martínez, alcanzaron quince meses bajo condición de desaparición forzada en territorio nicaragüense. Ambos ciudadanos fueron aprehendidos a mediados de agosto de 2025 sin que hasta la fecha las dependencias gubernamentales transparenten su paradero oficial.
La familiar afirmó que la reclusión prolongada y la falta total de comunicación vulneran garantías fundamentales consagradas en pactos internacionales. Desde su residencia fuera del país, la denunciante remarcó que las autoridades han guardado absoluto silencio frente a las reiteradas gestiones y llamadas telefónicas formuladas ante el Sistema Penitenciario Nacional.
Grave deterioro de salud y falta de asistencia médica
El reclamo familiar puso un énfasis prioritario en la delicada condición física que atraviesan los dos afectados debido a su avanzada edad y a padecimientos crónicos preexistentes. Carlos Brenes, de 71 años, depende cotidianamente del suministro de insulina para controlar su cuadro de diabetes, además de padecer problemas vinculados a la presión arterial elevada. Por su parte, Salvadora Martínez, de 69 años, afronta un cuadro de hipertensión arterial y requería una operación de vesícula que estaba pautada para los días inmediatos a su privación de libertad.
De acuerdo con la nota difundida, la supresión de tratamientos clínicos continuos genera un peligro inminente para la subsistencia de la pareja. Thelma Brenes responsabilizó de forma directa a la administración estatal por cualquier daño irreversible que puedan experimentar ambos adultos mayores mientras permanezcan bajo su custodia, señalando que la falta de supervisión médica imparcial agrava severamente el cuadro humanitario.
Antecedentes judiciales y vigilancia constante de la policía
El historial de aprehensiones contra el dirigente opositor data de agosto de 2018, período en el cual resultó encarcelado en el contexto de las manifestaciones sociales acontecidas en la nación centroamericana. Aunque fue liberado formalmente a mediados de 2019 tras la promulgación de una amnistía general decretada por el Parlamento, sus allegados sostienen que el cese de medidas cautelares no se cumplió de manera efectiva en el plano fáctico.
Según la documentación presentada por la familia, agentes pertenecientes a la Policía de Carazo mantuvieron patrullajes continuos frente a su vivienda particular luego de aquella excarcelación. La denunciante aportó registros fotográficos correspondientes a junio de 2025 para evidenciar que el ciudadano se encontraba compelido a reportar periódicamente su presencia a los uniformados mediante mensajes digitales instantáneos, pese a no poseer causas penales activas.
La situación de los presos políticos Nicaragua y el reclamo familiar
El caso de este matrimonio refleja las recurrentes advertencias de organismos civiles sobre las condiciones de los presos políticos Nicaragua, donde se presume que los reclusos permanecen confinados en establecimientos carcelarios severos como La Modelo y La Esperanza. La hija del dirigente remarcó que las detenciones no obedecen a la consumación de hechos punibles ordinarios, sino al sostenimiento de posturas ideológicas contrarias al oficialismo imperante.
La familiar concluyó su pronunciamiento asegurando que mantendrán activas las campañas de visibilización global hasta comprobar la localización exacta de la pareja. Asimismo, exigió que delegaciones humanitarias independientes puedan verificar el estado físico de los aprehendidos y ratificó que continuará documentando legalmente cada omisión estatal para sustentar las denuncias ante fueros regionales de derechos humanos.
Datos clave
- Tiempo en reclusión: Carlos Brenes y Salvadora Martínez cumplieron quince meses detenidos sin que las autoridades divulguen su lugar de reclusión.
- Riesgo médico severo: El hombre de 71 años requiere insulina constante por su diabetes, mientras que la mujer de 69 años tenía programada una cirugía de vesícula.
- Vigilancia domiciliaria previa: Pese a contar con una orden judicial de sobreseimiento desde 2019, el ciudadano debía enviar imágenes de control diario a la Policía de Carazo.
- Silencio institucional: El Sistema Penitenciario de Nicaragua no responde a las consultas telefónicas efectuadas por los familiares desde el exterior.






