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Trabajadores de Rocedes pierden cobertura médica y salarios tras intervención en Nicaragua

Redacción BM Online•17 de noviembre de 2026 a las 01:25 p. m.•Managua

Portón de acceso azul de la Corporación de Zonas Francas con carteles institucionales y caseta de vigilancia.

Los trabajadores de Rocedes enfrentan una severa desprotección laboral y de salud tras la suspensión de servicios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en Managua. La medida se ejecutó luego de la intervención gubernamental a la maquila textil por deudas acumuladas de la patronal. Cerca de 1.800 empleados permanecen en la incertidumbre respecto a sus salarios pendientes, liquidaciones y derechos básicos adquiridos.

La gravedad de la crisis afecta de manera directa a mujeres gestantes que dependían del seguro médico para sus tratamientos. Una operaria en etapa avanzada de gestación relató que le cancelaron el acceso a subsidios por maternidad y a la cobertura hospitalaria previa al parto. La falta de aportes patronales desde meses anteriores derivó en el bloqueo de las fichas asistenciales de la plantilla.

Desamparo médico para los trabajadores de Rocedes

El corte de las prestaciones médicas genera inquietud en casos de embarazos con complicaciones previas. Según testimonios brindados a medios locales, varias dependientes acudieron a las oficinas previsionales y constataron que figuraban como dadas de baja por moras de la firma textil. Esta circunstancia frena la entrega de leche, medicamentos y la programación de procedimientos quirúrgicos necesarios.

La imposibilidad de migrar de inmediato al sistema de salud general agrava el cuadro clínico de quienes requieren controles rigurosos. Quienes esperaban percibir el subsidio por maternidad tampoco cuentan con ingresos alternativos, puesto que los trabajadores de Rocedes acumulan semanas consecutivas sin cobrar sus haberes habituales. Esta situación imposibilita costear consultas en el sector privado para continuar con los chequeos prenatales.

Intervención estatal y origen de las deudas

El conflicto empresarial se profundizó a mediados de octubre, fecha en que la Procuraduría General de Justicia asumió la administración de las instalaciones en el parque industrial Las Mercedes. La planta albergaba a más de 2.500 operarios y contaba con una capacidad de manufactura calculada en 400.000 prendas mensuales. Tras el ingreso de las autoridades, el grueso del personal recibió la orden de tomar vacaciones forzadas sin plazos definidos de retorno.

Estimaciones preliminares sitúan el pasivo de la compañía en torno a los cinco millones de dólares entre aportes jubilatorios impagos, suministro eléctrico y compromisos pendientes con antiguos operarios. La firma registra vínculos con el exjefe militar Joaquín Cuadra Lacayo y cuenta con capital extranjero. Actualmente, comisiones técnicas realizan inventarios en los distintos módulos para dirimir si la textil cerrará definitivamente o pasará a manos de otro grupo gestor.

Falta de respuestas laborales y vía judicial

Las gestiones iniciadas ante el Ministerio del Trabajo no brindaron alivio a los afectados. Desde dicha cartera estatal remitieron a los denunciantes a los tribunales de Nejapa bajo el argumento de que la empresa no entregó cartas formales de rescisión contractual. Este vacío documental traba el cálculo de liquidaciones e impide que las personas desocupadas formalicen nuevos contratos en el régimen de zonas francas.

Ante este escenario, la situación de los trabajadores de Rocedes se tornó crítica debido al atraso acumulado de hasta cinco semanas en el pago de remuneraciones ordinarias. La proximidad de las fiestas de fin de año incrementa la urgencia de cobrar los aguinaldos y beneficios legales. Hasta el momento, ninguna representación administrativa de la compañía emitió declaraciones formales sobre el cronograma de cancelaciones exigidas por el personal.

Datos clave

  • Afectación previsional: El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social dio de baja a los operarios por mora patronal y cortó coberturas de maternidad.
  • Plantel desprotegido: Más de 1.800 operarios fueron cesados temporalmente sin garantías sobre liquidaciones ni salarios devengados.
  • Pasivo millonario: La firma intervenida arrastra compromisos financieros estimados en cinco millones de dólares con entidades estatales y proveedores.
  • Trabas burocráticas: El Ministerio del Trabajo remitió los casos a la justicia ordinaria por la falta de cartas de despido formales.

Fuente: infobae.com

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