Plantas de tratamiento colapsan en Panamá tras acumular años de abandono operativo, robo de infraestructura y fallas en la supervisión pública. La advertencia fue emitida por catedráticos de la Universidad de Panamá, quienes contabilizan más de 1.200 instalaciones fuera de servicio. Esta situación provoca el desborde continuo de aguas servidas hacia ríos, quebradas y reservas subterráneas en diversos puntos del país centroamericano.
El problema alcanza tanto a infraestructuras estatales como a complejos pertenecientes al sector privado. El vertido de residuos cloacales crudos genera emanaciones fétidas y representa una amenaza sanitaria creciente para las comunidades circundantes, según precisaron los expertos del área de ingeniería.
Causas técnicas y sustracción de cables eléctricos
El docente Irving Isaza, perteneciente al Departamento de Ingeniería Civil de la citada casa de estudios, señaló que los actos delictivos inciden de manera crítica en esta emergencia. La sustracción sistemática de cables eléctricos interrumpe el suministro de energía necesario para el funcionamiento de los motores de aireación. Al quedar sin corriente, los sistemas diseñados para degradar materia orgánica mediante oxígeno pasan forzadamente a un régimen anaeróbico para el cual no poseen las dimensiones físicas requeridas.
Esta alteración detiene la descomposición bacteriana adecuada de los efluentes. Por esta razón, el motivo por el cual tantas plantas de tratamiento colapsan radica en la imposibilidad técnica de transformar los residuos sin el soporte electromecánico previsto en sus especificaciones originales.
Además del vandalismo, los sistemas reciben caudales desproporcionados debido a filtraciones de lluvia y al ingreso descontrolado de agua de escorrentía en la red cloacal. Isaza ejemplificó que recintos proyectados para soportar 150 galones diarios llegan a recibir hasta cinco veces ese volumen. Dicha sobrecarga empuja el líquido con restos fecales hacia la superficie y los cauces hídricos naturales.
Deficiencias en el traspaso y falta de fiscalización
Por su parte, el ingeniero Alberto Montero sostuvo que existe una falla estructural en el cumplimiento de los contratos de construcción de urbanizaciones. Al culminar una obra, los desarrolladores privados deben transferir las instalaciones sanitarias al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales junto con un fondo económico para costear su operación. Sin embargo, el desembolso financiero no se concreta en la mayoría de los casos.
Montero remarcó que estos recintos exigen tareas de mantenimiento preventivo a los pocos meses de haber iniciado sus actividades. Al no efectuarse estos trabajos rutinarios, la estructura se deteriora con rapidez y su rehabilitación posterior demanda sumas de dinero muy elevadas que el Estado no siempre dispone.
A este escenario se suma la debilidad en los controles institucionales. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la propia entidad de acueductos cuentan con la responsabilidad legal de vigilar los parámetros de vertido hacia las cuencas fluviales. Pese a esta obligación, los catedráticos denuncian una marcada ausencia de inspecciones oficiales permanentes.
Factores por los que las plantas de tratamiento colapsan
Desde la perspectiva técnica brindada por el docente Luis Núñez, los sólidos retenidos sin tratamiento previo provocan obstrucciones masivas en los ductos de desagüe. Cuando las plantas de tratamiento colapsan de forma simultánea, las salidas quedan clausuradas por sedimentos y los desbordes emergen en calles públicas y predios residenciales.
Núñez enfatizó que las redes de saneamiento únicamente deberían captar vertidos de origen domiciliario y no sobrecargas pluviales. Para revertir esta crisis de infraestructura urbana, los especialistas coincidieron en que el Estado debe restablecer los programas de vigilancia y sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales en las obras habitacionales.
Datos clave
- Más de 1.200 instalaciones cloacales se encuentran fuera de operación regular en Panamá, afectando la calidad de aguas superficiales y freáticas.
- El robo de tendido eléctrico desactiva los sistemas aeróbicos de depuración, impidiendo que las bacterias procesen los desechos orgánicos.
- La falta de mantenimiento y el incumplimiento financiero de empresas constructoras impiden al acueducto estatal sostener los equipos.
- Organismos como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente carecen de inspecciones continuas sobre las descargas en los ríos.
