Una profunda crisis judicial en Bolivia estalló luego del arresto del fiscal general Roger Mariaca y la autoproclamación del fiscal superior Luis Montaño como titular interino. Ante esta situación, el vocero del Gobierno, José Luis Gálvez, tildó de ilegal la asunción y advirtió que librarán una orden de captura contra Montaño por supuesta usurpación de funciones. El conflicto institucional profundiza la incertidumbre en el vecino país.
Acusaciones del Ejecutivo y orden de detención
En una rueda de prensa brindada en la sede de gobierno, Gálvez denunció públicamente a Montaño por atribuirse facultades que no le corresponden según el marco legal vigente. El funcionario gubernamental aseguró que el fiscal superior intentó desvincular a otros agentes del Ministerio Público e inhabilitar los sistemas informáticos diseñados para registrar denuncias ciudadanas.
Asimismo, el portavoz oficial exhortó a la ciudadanía a manifestar su rechazo ante las medidas impulsadas por las autoridades judiciales interinas. Durante su comparecencia, Gálvez ratificó que Montaño se encuentra bajo búsqueda policial y que deberá responder formalmente ante los tribunales correspondientes por sus actuaciones recientes.
La disputa institucional y el rol del Parlamento
La controversia legal se desató tras la aprehensión de Roger Mariaca, quien fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz por acusaciones vinculadas a organización criminal, legitimación de ganancias y tráfico de estupefacientes. Tras la captura, Montaño argumentó ser el funcionario con mayor antigüedad dentro de la institución y convocó a los medios para reivindicar su condición de interino, posición que fue respaldada temporalmente por un comunicado del Ministerio Público.
Sin embargo, juristas constitucionalistas señalaron que la ausencia forzosa del fiscal titular constituye un escenario extraordinario que sobrepasa la línea regular de sucesión administrativa. Por consiguiente, indicaron que compete de manera privativa a la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionar de urgencia para designar a un sustituto legítimo en la conducción del organismo acusador.
El titular de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, citó a una asamblea parlamentaria con el propósito de evaluar la situación legal de Mariaca y considerar el nombramiento de una nueva autoridad. Dicho encuentro parlamentario adquiere un tinte determinante para dirimir el pulso político en el país vecino.
Ante esta coyuntura, la senadora opositora Tomasa Yarhui recalcó la necesidad imperiosa de que el Congreso elija sin dilaciones a una autoridad proba. Para la legisladora, resulta indispensable devolver la institucionalidad al Ministerio Público con el fin de evitar su subordinación a cualquier signo político de turno.
El impacto de la crisis judicial en Bolivia y el plano exterior
Esta crisis judicial en Bolivia tiene lugar en medio de investigaciones que Mariaca encabezaba sobre colaboradores directos del presidente Rodrigo Paz, entre ellos el consultor político Fernando Cerimedo. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que el caso no admite posiciones intermedias y acusó al fiscal titular aprehendido de articular una red ilícita orientada a encubrir el narcoterrorismo.
La escalada ocurre además días después de que el Departamento de Estado norteamericano retirara las visas oficiales a Mariaca y a otros tres miembros de la Fiscalía. Mientras la defensa técnica de los investigados denuncia la arbitrariedad de las capturas, entidades internacionales han manifestado su respaldo formal a las actuaciones del Ejecutivo boliviano. La crisis judicial en Bolivia sigue abierta y mantiene en alerta tanto al Congreso como a los organismos del Estado.
Datos clave
- El fiscal superior Luis Montaño se proclamó máxima autoridad interina del Ministerio Público tras la detención del titular Roger Mariaca.
- El portavoz gubernamental José Luis Gálvez denunció a Montaño por supuesta usurpación de funciones y advirtió que será detenido.
- La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a una sesión extraordinaria para resolver el vacío de poder en la institución judicial.
- El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló previamente los visados de los fiscales aprehendidos por supuestos nexos ilegales.
