La planta de oxígeno del Hospital Nacional de Itauguá continúa en el centro de la controversia luego de que el Ministerio Público solicitara mayores antecedentes a la Cámara de Diputados para indagar presuntas irregularidades. La Cámara Baja había aprobado un pronunciamiento instando a abrir una causa judicial frente a sospechas sobre la adquisición e instalación de estos equipos, cuyo funcionamiento no se encuentra operativo de acuerdo con las denuncias legislativas.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, remitió una respuesta formal dirigida a la mesa directiva del estamento parlamentario. En el documento oficial, la máxima autoridad fiscal señaló que comparte el interés institucional por resguardar los recursos del Estado, aunque argumentó que no hallaron registros de causas formalizadas en sus sistemas.
Respuesta fiscal ante el pedido del Congreso
En la contestación institucional, el fiscal general del Estado expuso que la Dirección de Denuncias Penales no detectó presentaciones formales registradas sobre estos hechos en el Sistema Informático de Gestión de Denuncias. Por tal motivo, desde el órgano persecutor indicaron que no es posible confirmar ni desestimar la existencia previa de un expediente específico vinculado a este contrato sanitario.
El requerimiento legislativo surgió a iniciativa del diputado Adrián Vaesken, quien calificó la adjudicación como un presunto perjuicio patrimonial tras constatar las condiciones de los equipos. Pese a que el Ministerio Público cuenta con facultades para intervenir de oficio ante la difusión pública de presuntos ilícitos contra el erario, la institución solicitó la cooperación del Congreso para complementar informaciones identificatorias puntuales.
Detalles de la licitación de la planta de oxígeno
La adjudicación de la planta de oxígeno demandó un monto superior a los 21.254 millones de guaraníes y se formalizó mediante la Licitación Pública Nacional con ID 399.911 y el Contrato 145/2022. La firma adjudicataria de la obra durante el periodo posterior a la emergencia sanitaria fue Neighpart S.A.E.C.A., según figura en los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El proyecto se tramitó y ejecutó de manera compartida entre el mandato del expresidente Mario Abdo Benítez y el actual gobierno encabezado por Santiago Peña. No obstante el millonario desembolso estatal, el complejo de provisión de gas medicinal no presta servicios regulares a los pacientes del centro asistencial cabecera, según advirtieron médicos y empleados del establecimiento.
Denuncias y advertencias sin respuesta en Salud Pública
El legislador proyectista señaló que el propio plantel médico y técnico del nosocomio remitió alrededor de cincuenta notas dirigidas a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán. Dichas advertencias escritas detallaban los constantes inconvenientes técnicos y la falta de operatividad de la infraestructura instalada en el predio hospitalario.
A pesar de las reiteradas alertas elevadas por el personal de blanco, no se implementaron medidas correctivas inmediatas desde la cartera sanitaria, según consta en la exposición del parlamentario. La falta de suministro propio obliga a recurrir a mecanismos alternativos para abastecer de gas medicinal a las salas de internación y cuidados intensivos del mayor hospital de referencia nacional.
El rol del Ministerio Público ante denuncias públicas
En el marco procesal paraguayo, la Fiscalía posee facultades constitucionales para promover acciones penales públicas ante el conocimiento de hechos que comprometan fondos públicos. Diversos sectores recuerdan que los datos contractuales y los informes de verificación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas son de acceso irrestricto.
Al reclamar mayores precisiones a la Cámara de Diputados, la institución fiscal traslada a la sede legislativa la carga de presentar indicios adicionales. Entretanto, la comunidad hospitalaria de Itauguá sigue esperando soluciones de fondo ante una estructura electromecánica que permanece inactiva pese a los millones transferidos para su puesta en marcha.
Datos clave
- Inversión millonaria: La instalación de los equipos representó un desembolso superior a G. 21.254 millones a favor de la empresa Neighpart S.A.E.C.A.
- Contrato verificado: Las obras corresponden a la Licitación Pública Nacional ID 399.911 y el Contrato 145/2022, ejecutados entre dos mandatos de gobierno.
- Equipos sin operar: Pese a la inversión estatal, las instalaciones del Hospital Nacional de Itauguá continúan inoperativas según las denuncias legislativas.
- Respuesta de la Fiscalía: El fiscal general Emiliano Rolón solicitó más datos al Congreso argumentando que no registran denuncias formales en su sistema.
