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Acusados señalan al exintendente Gustavo Rodríguez por presunto desvío millonario

Redaccion BM Online•29 de octubre de 2026 a las 07:31 p. m.•Asunción

Varios procesados y abogados sentados en los bancos de una sala de audiencias durante un juicio oral.

El avance del caso Gustavo Rodríguez sumó reveladoras declaraciones ante el Tribunal de Sentencia durante el juzgamiento por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones. Cuatro exempleados comunales brindaron su testimonio en el juicio oral y coincidieron en apuntar hacia la figura de la máxima autoridad distrital. El proceso investiga supuestas anomalías financieras cometidas entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2022.

En la causa judicial están imputados siete excolaboradores administrativos junto al exjefe comunal de filiación colorada. Las declaraciones técnicas revelaron una aparente estructura de delegación de firmas y responsabilidades sin el debido respaldo documental, lo cual generó inconsistencias en los balances institucionales analizados por la fiscalía.

Los testimonios presentados en el caso Gustavo Rodríguez

La primera compareciente fue Gisselle Nohemi Irala Cáceres, quien se desempeñaba como tesorera municipal hasta su dimisión en agosto de 2022. La exfuncionaria explicó que su labor consistía en registrar egresos informáticos y conciliar las cuentas bancarias institucionales. Al notar la ausencia de comprobantes, envió diversos memorandos a sus superiores solicitando justificativos para las salidas de dinero, notas que nunca obtuvieron respuesta.

Asimismo, Irala Cáceres justificó la suscripción de constancias donde constaba que el intendente retiró por adelantado la totalidad de sus haberes del 2022. Indicó ante los jueces que firmó tales documentos con el objetivo de transparentar los movimientos y evitar que esos montos fueran registrados como gastos operativos ordinarios, sufriendo perjuicios personales y laborales tras ser imputada.

Por su parte, el procesado Sergio Isasi Schweighart relató haber sido contratado inicialmente como cajero en abril de 2022, antes de ser reasignado meses después como ordenador de gastos. El compareciente negó cualquier apropiación indebida de fondos públicos y sostuvo que únicamente acató instrucciones verticales de la intendencia, respaldadas administrativamente.

Responsabilidades administrativas y contrataciones comunales

Diego Armando Espínola Olmedo, señalado formalmente en la investigación como director de Administración, expuso ante el colegiado que ingresó a la comuna como auxiliar administrativo. Apenas dos semanas después de su incorporación, se le ordenó suscribir cheques institucionales en calidad de ordenador de gastos. El imputado aseveró que jamás desvió recursos y que únicamente cobró la remuneración que le correspondía mediante facturación legal.

En último turno compareció Pedro Antonio Morel, titular de la Unidad Operativa de Contrataciones, quien optó por responder exclusivamente a las consultas de su defensa técnica. Morel detalló su trayectoria laboral iniciada en 2010 y puntualizó que su tarea radicaba en preparar los procesos licitatorios para obras públicas durante 2020 y 2021. Sin embargo, enfatizó que la potestad resolutiva correspondía al ejecutivo comunal.

Lo que contempla el cierre del juicio oral

El Tribunal de Sentencia dispuso un cuarto intermedio y fijó la reanudación del debate público para el próximo 5 de noviembre a las 08:00. Durante esa jornada declararán los demás procesados en el caso Gustavo Rodríguez, entre ellos el contador José Luis Baruja Legal, el funcionario Rubén Alder Leguizamón, la fiscal de obras Fátima María Pereira Ocampo y el propio exintendente Gustavo Rodríguez.

Una vez culminada la etapa de producción de pruebas testificales y documentales, las partes darán inicio a los alegatos finales. Tanto los agentes del Ministerio Público como las respectivas defensas técnicas expondrán sus pretensiones jurídicas antes de que el tribunal delibere para dictar una sentencia definitiva.

Datos clave

  • El perjuicio patrimonial investigado por la justicia alcanza la cifra de G. 2.269 millones entre los años 2021 y 2022.
  • Cuatro exempleados de la comuna declararon ante el tribunal y deslindaron responsabilidad directa en los pagos irregulares.
  • La extesorera afirmó que el exintendente retiró de forma adelantada la totalidad de su salario correspondiente al año 2022.
  • El juicio oral continuará el 5 de noviembre con la declaración de los restantes procesados antes de los alegatos finales.

Fuente: abc.com.py

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