Las autoridades avanzan en la regulación contra las pistas clandestinas en Costa Rica para agilizar su demolición sin esperar sentencias judiciales firmes. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el expediente 25.618, una iniciativa que busca golpear la logística del crimen organizado.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Laura Fernández Delgado, faculta a los organismos de seguridad a intervenir pistas de aterrizaje y helipuertos irregulares vinculados con el narcotráfico y delitos conexos.
Mayores penas contra el uso de pistas clandestinas
La normativa endurece los castigos para quienes construyan, habiliten o faciliten infraestructura aérea no autorizada. Actualmente, las sanciones vigentes contemplan de tres a ocho años de cárcel, mientras que la propuesta eleva el rango de cinco a diez años de prisión.
Las condenas subirán de 10 a 15 años de penitenciaría en casos donde propietarios o administradores rehabiliten o reconstruyan pistas que ya habían sido inhabilitadas por las autoridades.
Asimismo, el texto plantea duplicar las multas económicas por operar aeronaves en sitios ilegales. Las infracciones ascenderían a 40 salarios mínimos, cifra equivalente a casi 30.000 dólares estadounidenses.
Vía administrativa para demoliciones e inmovilización de bienes
El procedimiento otorga a la Dirección General de Aviación Civil la potestad de declarar la ilegalidad de las instalaciones mediante una resolución administrativa. Los afectados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho a la defensa y presentar descargos.
Una vez en firme la resolución, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública ejecutará la demolición o destrucción del aeródromo con apoyo municipal, sin aguardar el fin de un proceso penal o civil.
La ley también autoriza al Ministerio Público a solicitar judicialmente la inmovilización registral de inmuebles, impidiendo su venta o hipoteca, junto con el decomiso preventivo de maquinaria, aeronaves y vehículos involucrados.
Debate legislativo y el alcance de las medidas
Durante la discusión en comisión, diputados de diferentes bancadas respaldaron el texto al considerarlo una herramienta efectiva contra el financiamiento narco. El legislador José María Villalta señaló que la iniciativa busca frenar la operatividad de las bandas delictivas, aunque advirtió sobre la necesidad de coordinar este plan con proyectos vinculados a aeroparques turísticos.
Tras el visto bueno unánime en comisión, el expediente pasa ahora a debate y votación en el Plenario Legislativo para su eventual promulgación.
Datos clave
- Aprobación unánime: Nueve diputados de la comisión legislativa avalaron el expediente 25.618.
- Sanciones más duras: Se elevan las penas hasta 15 años de cárcel por reabrir aeródromos clausurados.
- Trámite abreviado: La destrucción física no dependerá de una sentencia penal o civil previa.
- Medidas cautelares: Se habilita la inmovilización registral de predios y el decomiso preventivo de aeronaves y maquinarias.






