Las distribuidoras de gas en Guatemala fueron objeto de penalizaciones que superan los 39 millones de quetzales, equivalentes a unos 5,19 millones de dólares, tras detectarse maniobras de concertación y distorsión tarifaria en el expendio de garrafas de propano. La medida fue confirmada por las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ante legisladores del Congreso de la República, luego de comprobarse un incremento sin sustento comercial en los valores al consumidor final.
El expediente involucra de manera directa a las empresas Gas Zeta, Tropigas de Guatemala, Gas Metropolitano y Global Gas, que opera bajo el sello comercial Dagas. Los reportes técnicos oficiales constataron que la suba aplicada en los primeros días de noviembre carecía de correspondencia con las variaciones registradas en el mercado internacional de combustibles.
Sanciones económicas impuestas a las distribuidoras de gas
El director general de Hidrocarburos, Gerson de León, detalló ante los congresistas el desglose de los castigos administrativos aplicados al sector energético. Tres de las firmas inspeccionadas, concretamente Gas Zeta, Tropigas de Guatemala y Gas Metropolitano, recibieron cada una multas de 13.197.000 quetzales, que representan unos 1,73 millones de dólares, acusadas de concertar precios en perjuicio del público.
En paralelo, el órgano estatal resolvió multar a las cuatro distribuidoras de gas con un pago individual de 21.995 quetzales, unos 2.878 dólares, bajo el concepto de distorsión del mercado interno. Con esta estructura sancionatoria, el bloque correspondiente a las maniobras de acuerdo anticompetitivo alcanzó los 39.591.000 quetzales, mientras que el resto completó la suma global notificada a las compañías infractoras.
Denuncias penales e inspecciones en el mercado de hidrocarburos
La controversia escaló también hacia la sede judicial tras la intervención de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Dicha repartición protectora radicó cuatro denuncias formales ante el Ministerio Público guatemalteco por presunta especulación comercial contra las entidades sancionadas, fundamentando su reclamo en los informes técnicos suministrados por los reguladores energéticos.
Será el Ministerio Público el organismo facultado para determinar si existen responsabilidades penales de parte de los directivos implicados en estas prácticas desleales. Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Xoy, garantizó que la fiscalización estatal continuará activa a lo largo de toda la cadena de suministro para evitar nuevos abusos contra las familias.
Las autoridades informaron que entre enero y comienzos de noviembre ejecutaron un total de 380 inspecciones técnicas en diversas plantas y comercios. Como derivación directa de esos controles periódicos en el rubro, la Dirección General de Hidrocarburos abrió 35 expedientes sancionatorios contra operadores del sector.
Desfase entre tarifas de referencia y aumentos de mercado
El análisis técnico que desembocó en las multas concluyó que la suba generalizada del 8 de noviembre se implementó sin respaldo económico válido. Si bien la legislación guatemalteca se rige bajo un esquema de libre competencia donde las tarifas de referencia no representan topes obligatorios, la cartera utiliza estos valores para verificar que las modificaciones respondan a los costos reales de importación, distribución, flete e impuestos.
Antes de este ajuste, el precio de referencia para el cilindro domiciliario de 25 libras se ubicaba en 123,53 quetzales, alrededor de 16,16 dólares. Sin embargo, las compañías comercializadoras elevaron el expendio a 138 quetzales, lo que representa cerca de 18,06 dólares. Distorsiones similares se registraron en los envases de 35 y 100 libras, detonando la respuesta contundente del Estado.
Datos clave
- Monto global de las sanciones: el Ministerio de Energía y Minas fijó penalizaciones que suman 39.678.980 quetzales, superando los 5,19 millones de dólares.
- Empresas investigadas: las compañías alcanzadas por las medidas oficiales son Gas Zeta, Tropigas de Guatemala, Gas Metropolitano y Global Gas.
- Vía penal abierta: la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor denunció judicialmente a las cuatro firmas por presunta especulación.
- Fiscalización exhaustiva: el organismo regulador completó 380 inspecciones operativas e inició 35 procesos administrativos sancionatorios en el período analizado.






