El trámite para la pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado será promovido formalmente por las autoridades legislativas en Asunción. La determinación fue tomada por la Mesa Directiva de la Cámara Alta luego de conocerse denuncias que señalan presuntos cobros irregulares a colaboradoras de su despacho. La medida cuenta con amplio consenso entre las distintas bancadas que integran el cuerpo legislativo.
La postura institucional sobre la pérdida de investidura
La senadora Lilian Samaniego comunicó públicamente el acuerdo alcanzado durante el encuentro de líderes de bancada. Según detalló la parlamentaria, los legisladores consideraron indispensable asumir una posición política firme ante hechos que involucran la presunta utilización de recursos públicos. Asimismo, remarcó que la presentación del requerimiento no responderá a iniciativas particulares, sino que representará formalmente a todo el estamento directivo.
En ese contexto, Samaniego sostuvo que el titular del Congreso, Basilio Núñez, confirmó su respaldo a la medida disciplinaria. La parlamentaria señaló que existían antecedentes de rumores sobre maniobras similares, pero argumentó que ahora se dispone de elementos de convicción que justifican avanzar con el juzgamiento parlamentario. También enfatizó la necesidad de que los órganos jurisdiccionales actúen de oficio y no permitan la impunidad.
Acusaciones de cobros y testimonios de funcionarias
El caso cobró notoriedad tras publicarse el testimonio de tres trabajadoras que prestaron servicios en la oficina legislativa de Delgado. De acuerdo con las manifestaciones de las afectadas, la congresista les exigía la transferencia íntegra de sus asignaciones extraordinarias y bonificaciones. Las denunciantes aseguraron también que se requerían desembolsos de elevadas sumas de dinero a cambio de tramitar nombramientos o renovaciones contractuales en la institución.
Entre los testimonios presentados se menciona la contratación de préstamos bancarios por montos cercanos a cincuenta millones de guaraníes para cubrir dichas imposiciones. Posteriormente, las trabajadoras involucradas fueron desvinculadas por pedido de la propia senadora. Frente a esta situación, la legisladora Blanca Ovelar manifestó su repudio y sostuvo que la permanencia de su colega resulta éticamente insostenible en el Congreso.
Descargos de la senadora y discrepancias internas
Por su parte, la senadora Zenaida Delgado rechazó enfáticamente las acusaciones y afirmó que las denuncias carecen de veracidad. La parlamentaria sostuvo que iniciará acciones penales en contra de sus excolaboradoras, a quienes acusó de haber incurrido en supuesta lesión de confianza. Delgado argumentó que las desvinculaciones se debieron a irregularidades cometidas por las empleadas durante el desempeño de sus labores.
Durante la reunión de la Mesa Directiva, el senador Walter Kobylanski fue el único en objetar el juzgamiento de su par. El congresista argumentó que se trata de un conflicto estrictamente familiar y personal, dado el parentesco de las denunciantes con Delgado. No obstante, sus colegas consideraron que la afectación al erario y las causales constitucionales de pérdida de investidura ameritan el tratamiento en el pleno del Senado.
Marco legal del juicio político parlamentario
En el ordenamiento jurídico paraguayo, el cese en las funciones parlamentarias está regulado en la Constitución Nacional para sancionar el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. La Cámara de Senadores debe convocar a una sesión extraordinaria para que la persona afectada presente su defensa técnica correspondiente. Posteriormente, el pleno somete la cuestión a votación nominal conforme a la reglamentación interna vigente.
Datos clave
- La Mesa Directiva del Senado acordó impulsar la expulsión de Zenaida Delgado por presuntos cobros ilegales a funcionarias.
- Las denunciantes afirman que debían entregar bonificaciones y gestionar créditos millonarios para mantener sus cargos.
- La senadora Delgado niega los hechos denunciados y anunció la presentación de acciones penales por supuesta lesión de confianza.
- La bancada mayoritaria y referentes disidentes respaldan llevar el proceso sancionatorio al pleno de la Cámara Alta.
