Un formal pedido de extradición fue presentado por la Corte del Distrito Este de Texas contra Joselito Esquivel Ortiz, conocido con el alias de Chelo, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. La justicia estadounidense busca procesar al sospechoso por su rol dentro de la red que encabezaba Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien ya fue entregado a las autoridades norteamericanas en marzo pasado.
El imputado cumple actualmente prisión preventiva desde el mes de setiembre en territorio costarricense. Su captura formó parte del denominado caso Riverside, una causa judicial que en junio desarticuló a gran escala esta presunta banda criminal mediante más de cien allanamientos simultáneos.
El alcance del pedido de extradición a Texas
Las pesquisas judiciales identifican a Esquivel como un articulador operativo fundamental dentro de la estructura de López Vega en la provincia caribeña de Limón. De acuerdo con el expediente fiscal, la función del procesado no era propiamente de lugarteniente, sino de coordinador general entre diversos grupos delictivos. Se encargaba de fiscalizar el almacenamiento, negociar cargamentos y dirigir la entrega de sustancias ilícitas.
La posibilidad de tramitar este pedido de extradición responde a las facultades aprobadas por la reforma constitucional costarricense de 2025, la cual habilitó la entrega de connacionales acusados de terrorismo o tráfico de estupefacientes. Con esta solicitud internacional, el Ministerio Público contabiliza a Esquivel como el reclamado número 28 por tribunales de los Estados Unidos bajo ese marco normativo.
Bienes no justificados y vida de lujo en Limón
El Organismo de Investigación Judicial remarcó la enorme inconsistencia entre el patrimonio registrado por Esquivel y sus ingresos formales declarados. En los archivos de la Caja Costarricense de Seguro Social apenas figuran ocho meses de aportes laborales entre 2013 y 2014, con una remuneración aproximada a los 300 dólares mensuales.
Pese a esta aparente insolvencia económica, el sospechoso inscribió en el Registro Nacional dos lanchas bautizadas como Fantasma de la Noche y Lindel, equipadas con motores comerciales valuados en más de 48.000 dólares. No obstante, Esquivel reportó estas naves por un monto irrisorio equivalente a 943 dólares. A su nombre también constan un vehículo Hyundai Excel, dos motocicletas y un inmueble de alto valor.
Los antecedentes del investigado incluyen causas penales abiertas en 2020 por portación ilegítima de armamento, así como registros anteriores por lesiones culposas y delitos patrimoniales. Incluso en 2017 le denegaron el permiso para registrar armas de fuego debido a infracciones previas relacionadas con tenencia de marihuana.
Comunicaciones con dependencias estatales y nexos familiares
Las intervenciones telefónicas incorporadas a la causa revelaron conversaciones de agosto de 2025 en las que López Vega y sus hijos hablaban sobre información confidencial de la DEA y coordinaciones previas a viajes hacia Colombia. Asimismo, los análisis técnicos detectaron llamadas sospechosas dirigidas a una línea oficial del Ministerio de Seguridad Pública asignada a la estación de Guardacostas de Moín, en Limón.
Los investigadores sospechan que la red criminal sobornaba a agentes de seguridad pública para facilitar desembarcos clandestinos en localidades como Cahuita, Puerto Viejo, Penshurt y Manzanillo. Además, imágenes incautadas mostraron a Esquivel portando un anillo con su alias grabado, junto a los hijos del cabecilla y con Randall Delgado Mora, presunto nexo con la banda de Alejandro Arias Monge.
Respecto a la causa Riverside, la jueza penal de Limón, Alejandra Rojas Calvo, fijó un año de prisión preventiva contra 37 imputados, incluidos cuatro hijos de López Vega, medida que regirá hasta junio de 2027. El caso fue remitido al Juzgado Penal de Talamanca por razones de competencia territorial.
Datos clave
- Reclamo federal: La Corte del Distrito Este de Texas formalizó el reclamo contra Esquivel, convirtiéndolo en el extraditable número 28 de Costa Rica.
- Desfase millonario: El sospechoso cotizó apenas ocho meses en la seguridad social, pero acumuló lanchas, vehículos y propiedades de alto valor económico.
- Línea institucional bajo sospecha: Escuchas telefónicas descubrieron comunicaciones directas entre la organización delictiva y una sede del cuerpo de Guardacostas en Limón.
- Prisión preventiva prolongada: El tribunal dictó medidas de reclusión contra 37 personas ligadas al caso Riverside hasta mediados de 2027.
