El avance de un parque vehicular obsoleto genera una profunda preocupación técnica en El Salvador, donde más de dos millones de rodados circulan a diario por su red vial. Los datos compartidos por entidades especializadas reflejan que cerca de una tercera parte de estas máquinas supera los veinte años de antigüedad, elevando de forma directa las probabilidades de sufrir percances graves en las rutas debido a la carencia de equipamiento preventivo actualizado.
Esta situación plantea un debate que resuena en toda la región latinoamericana, incluido Paraguay, en torno a cómo el envejecimiento del parque automotor y el déficit de controles mecánicos periódicos inciden en la seguridad ciudadana. Cuando las unidades carecen de recursos electrónicos modernos, los descuidos al volante derivan con mayor facilidad en tragedias irreparables.
Impacto del parque vehicular obsoleto en la siniestralidad
Durante una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, el coordinador general del Movimiento de Estudiantes y Profesionales por la Seguridad Vial, Hugo Mayorga, advirtió que el parque automotor del país centroamericano alcanzó las 2.158.431 unidades registradas. El representante sostuvo que un volumen considerable de dicha flota superó ampliamente su vida útil recomendada, aunque puntualizó que los años de uso no implican necesariamente un descuido mecánico si existen mantenimientos rigurosos.
Sin embargo, la ausencia de avances de ingeniería en estos coches limita la capacidad de respuesta frente a maniobras inesperadas. Modelos diseñados hace varias décadas carecen de control de tracción, antibloqueo en el frenado y asistentes de estabilidad que hoy salvan vidas en momentos críticos. Según las cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el registro general creció un 8,8 por ciento respecto a septiembre de 2025, cuando se computaban 1.983.922 rodados, incluyendo 363.626 máquinas con más de 24 años de antigüedad frente a 422.980 unidades nuevas.
Motocicletas y la brecha en las licencias de conducir
El crecimiento de los vehículos de dos ruedas profundiza la crisis en las carreteras salvadoreñas. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la organización ciudadana, el país cuenta con 753.031 motocicletas activas, frente a las 667.657 contabilizadas en octubre de 2025 por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Esto implica que uno de cada tres rodados en circulación corresponde a una motocicleta.
El principal punto de alarma radica en la posesión de documentos habilitantes para circular. Mayorga informó que únicamente figuran 378.480 licencias vigentes expedidas para motociclistas, lo que equivale a una cobertura de apenas el 50,3 por ciento. Si bien un único propietario puede registrar a su nombre más de una máquina, la brecha sugiere que miles de usuarios transitan diariamente sin la debida instrucción técnica ni habilitación legal.
Esta masiva presencia de conductores no certificados se traduce en consecuencias fatales. Entre el 1 de enero y el 14 de octubre de este año, los registros oficiales contabilizaron 17.449 percances en las arterias del país, dejando 12.492 personas con lesiones y 1.144 víctimas mortales. Estos números representan una media de 61 choques cotidianos, 44 lesionados por día y cuatro decesos cada 24 horas, de los cuales la mitad corresponde precisamente a usuarios de motocicletas.
Debate legislativo sobre endurecimiento de penas
Ante la gravedad de estas cifras, la Asamblea Legislativa salvadoreña analiza reformas profundas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta promovida en el Congreso plantea condenas de entre cinco y diez años de cárcel para quienes permitan que choferes sin licencia conduzcan camiones de carga de más de ocho toneladas o unidades del transporte colectivo.
No obstante, la organización civil cuestionó la efectividad de las medidas estrictamente punitivas. El asesor legal del colectivo técnico, Óscar Canjura, sostuvo que elevar las penas privativas de libertad no erradicará las infracciones ni solucionará el problema estructural de fondo. Para los especialistas, resulta fundamental apostar a la capacitación obligatoria, señalización adecuada, controles de velocidad estrictos y programas de educación vial sostenidos en el tiempo.
El abordaje integral requiere equilibrar la modernización legal con incentivos claros para renovar cualquier parque vehicular obsoleto, una lección que involucra de lleno a los organismos reguladores del transporte de toda la región para mitigar una epidemia que satura los hospitales y enluta a miles de familias.
Datos clave
- Flota automotriz en aumento: El Salvador superó los 2,15 millones de rodados en circulación, con un incremento interanual del 8,8 por ciento y un tercio de coches con más de veinte años de fabricación.
- Brecha en conductores de moto: Existen 753.031 motocicletas registradas en el país, pero solo 378.480 personas cuentan con licencia habilitante oficial, lo que representa cerca del 50,3 por ciento de cobertura.
- Saldos mortales en rutas: Se reportaron 17.449 hechos de tránsito hasta mediados de octubre, con 1.144 fallecidos en total, de los cuales la mitad eran motociclistas.
- Polémica por sanciones penales: Especialistas en seguridad vial consideran insuficiente imponer penas de hasta diez años de prisión sin aplicar campañas educativas y controles técnicos profundos.
