La reciente designación de pandillas como terroristas en Honduras generó una fuerte advertencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El organismo exhortó a las instituciones públicas a cumplir los convenios internacionales y garantizar el debido proceso para todas las personas privadas de libertad. La medida responde a una serie de reformas legales impulsadas por el gobierno hondureño contra las estructuras delictivas de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18.
Exigencia legal ante la calificación de pandillas como terroristas
El delegado adjunto de la institución defensora, Ricardo López, enfatizó que la aplicación de este marco legal excepcional debe sostenerse en pruebas concretas e individuales. Según el funcionario, el Ministerio Público y los agentes de seguridad están obligados a demostrar fehacientemente qué rol cumplió cada sospechoso en los delitos que se le imputen ante los juzgados.
López alertó sobre casos expuestos en medios de comunicación donde se vinculó a sospechosos con actos de extrema gravedad sin el debido sustento judicial previo. En ese sentido, remarcó que los delitos ordinarios no pueden ser catalogados bajo figuras penales de excepción, insistiendo en que quien comete un hurto domiciliario o callejero no encaja en esa tipificación.
Alcance de las reformas penales y policiales en Honduras
El Congreso Nacional hondureño aprobó el pasado 22 de septiembre la ley especial contra estas organizaciones criminales y para el fortalecimiento del sistema penitenciario. La votación se dio de manera unánime entre los legisladores presentes, luego de una declaratoria emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esta normativa modificó artículos clave de la legislación policial para habilitar operativos directos de desarticulación contra los grupos criminales mencionados. Al tipificar a integrantes de estas pandillas como terroristas, el nuevo marco normativo otorga herramientas más severas a las fuerzas del orden público para realizar capturas y allanamientos.
Obligaciones y tratados internacionales vigentes
El organismo de derechos humanos recordó que Honduras mantiene compromisos vinculantes ante el sistema interamericano y universal de protección ciudadana. Entre los instrumentos destacados por las autoridades figura la Convención de Belém do Pará, además de los estándares internacionales sobre el tratamiento de reclusos en centros penitenciarios.
Las advertencias institucionales buscan evitar que las redadas masivas deriven en detenciones arbitrarias o vulneraciones procesales contra personas inocentes. Diversos juristas coinciden en que clasificar judicialmente a pandillas como terroristas exige sostener los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia y control judicial permanente durante cada etapa del proceso penal.
Para América Latina, la implementación de medidas de mano dura contra el crimen organizado representa un debate constante sobre el equilibrio entre la seguridad pública y las garantías constitucionales. En este contexto, los tribunales hondureños deberán establecer pautas claras para que las acusaciones fiscales cuenten con un sustento probatorio idóneo.
Datos clave
- El Conadeh solicitó al Estado hondureño respetar los convenios internacionales de derechos humanos en el marco de la nueva estrategia de seguridad.
- La MS-13 y la Pandilla 18 fueron declaradas formalmente como organizaciones terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
- El Congreso aprobó por unanimidad la ley especial que faculta a la Policía Nacional para combatir estas estructuras bajo normas extraordinarias.
- El organismo defensor advirtió que las autoridades deben probar de forma individual los delitos imputados y no clasificar faltas comunes como actos terroristas.
