Una amplia ofensiva contra maras y pandillas fue confirmada este martes por las máximas autoridades estatales de Honduras luego de promulgarse profundas reformas al Código Penal y Procesal Penal. El anuncio conjunto fue liderado por los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Tegucigalpa, quienes confirmaron la entrada en vigor del decreto legislativo 258-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta.
Los representantes de los tres poderes del Estado, junto a la cúpula policial y militar, explicaron que el paquete normativo brinda facultades operativas clave para desarticular estructuras delictivas complejas. La iniciativa busca recuperar sectores territoriales tomados históricamente por grupos violentos mediante una intervención judicial e investigativa directa y sin dilaciones burocráticas.
Nuevas facultades y allanamientos de urgencia
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que las modificaciones legislativas fortalecen de forma inmediata la tarea cotidiana de los operadores de justicia frente a la criminalidad organizada. Dentro de los puntos más relevantes del texto legal, se estableció la ampliación de 24 a 48 horas en el plazo disponible para la presentación formal de requerimientos fiscales contra personas detenidas.
Asimismo, el marco regulatorio permite ejecutar allanamientos sin orden judicial previa en aquellas zonas identificadas como áreas de dominio o refugio de las agrupaciones ilegales. Estas intervenciones domiciliarias contarán con el acompañamiento directo de fiscales del Ministerio Público para avalar los procedimientos y agilizar las capturas en flagrancia.
Endurecimiento de condenas y control penitenciario
Dentro de este endurecimiento legal, la normativa estipula sanciones de hasta 40 años de prisión para cabecillas de organizaciones ilícitas que utilicen a niños o adolescentes para la comisión de delitos. El endurecimiento de penas apunta a frenar el reclutamiento forzado de menores en barrios populares.
Por otro lado, se instauró un régimen estricto de máxima seguridad penitenciaria para los reclusos imputados o sentenciados por actos terroristas. Con este protocolo, los internos permanecerán encerrados en sus celdas durante 23 horas y media al día, disponiendo de solo 30 minutos para actividad física, además de severas restricciones al contacto y visitas de familiares y abogados para evitar órdenes de extorsión u homicidios.
Coordinación entre las fuerzas del Estado en la ofensiva contra maras
En la rueda de prensa, el fiscal general Pablo Emilio Reyes ratificó que el Ministerio Público articulará las pesquisas penales directamente con los cuerpos uniformados para acelerar las causas. Paralelamente, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, garantizó el compromiso de los juzgados para aplicar la flamante normativa en todo el territorio.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, remarcó que las fuerzas policiales intensificarán su despliegue operativo en articulación con las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. Para consolidar esta ofensiva contra maras, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, anunció que el Poder Ejecutivo transferirá tecnología de punta y equipamiento táctico especializado a las distintas unidades intervinientes.
Datos clave
- Modificación legal: entró en vigencia el decreto 258-2026 tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta de Honduras.
- Sanciones ejemplares: se aplicarán hasta 40 años de cárcel a cabecillas criminales que empleen a menores de edad.
- Aislamiento en prisiones: los reclusos por terrorismo estarán bajo un régimen de 23 horas y media de encierro diario con restricción total de contacto.
- Nuevos plazos procesales: el tiempo para presentar requerimientos fiscales se duplicó de 24 a 48 horas.
