El registro de niños heridos de bala creció un 80 % durante los últimos dos años en Uruguay, de acuerdo con un informe presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El relevamiento oficial expuso el avance de la criminalidad armada sobre las infancias tanto en la capital como en diversas localidades del interior.
Alarmante suba de niños heridos de bala en centros asistenciales
En el rango de cero a catorce años, las estadísticas reflejaron un incremento sustancial al pasar de 15 episodios en 2023 a 27 casos en 2025. Los números provienen de registros consolidados entre el Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Dicha entidad sanitaria documentó 326 asistencias médicas a menores de edad por impactos de proyectiles en el período analizado.
Por su parte, la cartera de seguridad contabilizó 238 afectados directos, 58 homicidios consumados y 53 tentativas en ese mismo lapso temporal. El año 2024 marcó el pico más alto de muertes violentas de menores, con un alza del 60 % frente al año precedente. Las autoridades sanitarias y de derechos humanos advirtieron sobre secuelas físicas irreversibles en las víctimas sobrevivientes.
La captación de adolescentes y las economías ilícitas
La franja de 15 a 17 años concentra el 73 % de los lesionados por disparos y el 59 % de los asesinatos consumados. De acuerdo con el diagnóstico institucional, muchos jóvenes vulnerables buscan pertenencia y reconocimiento mediante estructuras delictivas ante la falta de alternativas reales en su entorno. El fenómeno abarca no solo el tráfico de estupefacientes, sino un entramado más amplio de rentas ilegales.
Jimena Fernández, directora del organismo de derechos humanos, puntualizó que las bandas operan en apuestas clandestinas, disputas por deudas y usurpación de inmuebles. Estas actividades irregulares proporcionan respuestas materiales y una sensación de ascenso social más inmediata que la educación formal o el empleo precario. La problemática se extendió más allá de Montevideo y afecta a varios departamentos del país vecino.
Fallas de coordinación y temor ciudadano a denunciar
El informe alertó que la respuesta del Estado se encuentra fragmentada entre distintas reparticiones públicas sin una conducción centralizada. La articulación institucional depende en gran medida de voluntades individuales y referentes comunitarios, lo cual propicia vacíos operativos y demoras críticas ante situaciones de riesgo. A este cuadro se suma la desconfianza vecinal y el miedo a represalias armadas al momento de formalizar denuncias.
Para los analistas de la región, esta situación refleja desafíos de seguridad que también preocupan a Paraguay, donde la penetración del crimen organizado impacta en comunidades periféricas. Según remarcó Fernández, la solución no puede recaer exclusivamente en las agencias de protección de la niñez como el Inau. Se requiere una intervención integral de todos los estamentos estatales para frenar el drama de los niños heridos de bala y desarticular la captación delictiva.
Datos clave
- Aumento crítico: Los menores de hasta 14 años alcanzados por proyectiles crecieron un 80 % entre 2023 y 2025 al pasar de 15 a 27 casos.
- Cifras oficiales: El Ministerio del Interior registró 58 homicidios dolosos de menores de edad y 238 personas lesionadas con armas en dos años.
- Impacto juvenil: Los adolescentes de 15 a 17 años representaron el 73 % de los menores baleados y el 59 % de las muertes consumadas.
- Causas complejas: El informe atribuye la captación de menores no solo al narcotráfico, sino a un abanico de economías ilegales y disputas territoriales.
