Los nicaragüenses en el exilio enfrentan una barrera insalvable para renovar sus documentos de identidad, ya que el 97,5 % de sus gestiones consulares concluyen sin una respuesta favorable o resultan directamente rechazadas. Este dato surge de una investigación presentada en Madrid por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo en conjunto con la organización Refugees International. El informe revela un esquema sistemático que deja en desamparo legal a cientos de ciudadanos fuera de las fronteras de Nicaragua.
Obstáculos burocráticos y miedo a represalias
El sondeo recabó testimonios de personas radicadas en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala entre septiembre de 2025 y enero de 2026. A lo largo del muestreo de 41 casos con 21 variables analizadas, únicamente un solicitante manifestó haber conseguido un trámite exitoso ante las oficinas diplomáticas del país centroamericano.
El informe constató que el 48,7 % de los encuestados prefiere eludir los consulados para no exponer a sus parientes en territorio nicaragüense a medidas punitivas del gobierno. Por otra parte, casi una cuarta parte de los participantes intentó retornar a su tierra natal sin éxito, debido a bloqueos de ingreso impuestos por las autoridades estatales.
La investigación documentó además seis situaciones concretas en las que compañías aéreas impidieron el embarque de pasajeros nicaragüenses. Dichas restricciones respondieron a instrucciones explícitas emanadas desde la administración que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La vulnerabilidad de los nicaragüenses en el exilio
Ante el colapso del respaldo consular, la búsqueda de una nueva ciudadanía se convirtió en la prioridad principal para el 75 % de los consultados, superando al 46 % que aún intenta revalidar sus credenciales nicaragüenses. Las entidades autoras del trabajo calificaron esta realidad como apatridia de facto, una condición donde la persona mantiene formalmente el vínculo estatal pero carece de acceso a pasaportes y certificados básicos para regularizarse en el extranjero.
Esta falta de documentación profundiza la emergencia desatada tras las movilizaciones sociales de abril de 2018 y la consiguiente represión estatal. Mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados calculó en 2021 más de 108.000 salidas con destino mayoritario a Costa Rica, especialistas de Naciones Unidas señalaron en 2025 que alrededor de 800.000 ciudadanos huyeron del país por motivos de persecución y desamparo.
A diferencia de la privación jurídica formal, la apatridia de facto opera de manera encubierta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 453 personas despojadas de su nacionalidad de forma expresa entre 2023 y 2024, incluyendo dirigentes sociales, activistas y religiosos expulsados a Estados Unidos y Guatemala con pérdida de bienes y anulación de actas civiles.
Peticiones de amparo y exigencias internacionales
El coordinador de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, José Denis Cruz, denunció que la falta de papeles responde a una estrategia deliberada de hostigamiento estatal. Cruz remarcó que el desplazamiento forzado no constituye un evento casual, sino el impacto directo de un plan orientado a desmantelar la identidad civil de las voces críticas.
En este escenario, diversas organizaciones solicitaron formalmente al Gobierno de España la concesión urgente de la nacionalidad por carta de naturaleza para periodistas afectados por esta indefensión. La propuesta cuenta con el respaldo gremial de la Asociación de la Prensa de Madrid y de Reporteros Sin Fronteras.
Aunque España concedió dicha condición a 46 compatriotas perseguidos y reasentó a 1.400 refugiados procedentes de Costa Rica, la situación de los nicaragüenses en el exilio demanda medidas comunitarias más amplias. Por ello, los defensores de derechos humanos exhortaron a la Unión Europea a unificar trámites, flexibilizar exigencias y abrir rutas seguras de protección efectiva.
Datos clave
- Rechazo casi absoluto: El 97,5 % de las solicitudes consulares de nicaragüenses fuera del país termina denegado o desatendido, registrándose un único caso favorable en el estudio.
- Apatridia de facto: Cientos de personas conservan legalmente la ciudadanía nicaragüense pero no pueden tramitar pasaportes ni certificados indispensables para vivir de forma regular en el exterior.
- Temor fundado: El 48,7 % de los consultados opta por no acudir a las representaciones diplomáticas para proteger a familiares que continúan en Nicaragua.
- Reclamo a Europa: Las organizaciones solicitaron a España resolver nacionalidades pendientes y pidieron a la Unión Europea flexibilizar requisitos burocráticos.
