Un polémico decomiso en Cuba ejecutado por efectivos policiales e inspectores estatales afectó a varios comerciantes en el céntrico barrio de El Vedado, en La Habana. La intervención municipal se concentró en los alrededores del mercado de 17 y K, donde los agentes requisaron mercaderías, herramientas de pesaje y carretillas de carga. La medida provocó un enérgico malestar vecinal debido a la escasez generalizada de productos básicos en la isla.
El procedimiento estuvo coordinado por el titular del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, y abarcó nueve puntos de venta callejera. Durante las inspecciones se impusieron ocho sanciones económicas que sumaron 103.800 pesos locales, equivalentes a poco más de cuatro dólares al cambio informal de referencia. Los fiscalizadores justificaron las actuaciones al señalar presuntas infracciones comerciales y el uso de balanzas calibradas de manera irregular.
Detalles de las incautaciones y sanciones aplicadas
Entre los bienes confiscados figuraron artículos de primera necesidad como 16 botellas de aceite de 900 mililitros, 23 paquetes de detergente y más de treinta barras de jabón. Además, los intervinientes retiraron paquetes de café, refrescos en polvo y diversos cargamentos agrícolas. El reporte oficial detalló la retención de 59 aguacates, 23 kilos de cebolla morada, casi 21 kilos de papa y 16 kilos de limón.
Según la versión de los fiscalizadores, los alimentos requisados fueron asignados a dos centros educativos de la zona y al comedor asistencial El Rampeño. Sin embargo, residentes locales manifestaron sus dudas debido a la ausencia de comprobantes públicos que respalden la entrega de esos cargamentos. En diciembre pasado, un procedimiento similar en la misma zona derivó en el retiro de cuatro carretillas y multas por 173.000 pesos.
Dudas sobre el destino tras el decomiso en Cuba
La desconfianza comunitaria sobre el manejo de las incautaciones se apoya en fallas logísticas ocurridas con anterioridad. En septiembre de 2025, una entidad pública en la provincia de Las Tunas perdió 250 kilogramos de carne incautada por falta de refrigeración tras un prolongado apagón. Aquellos alimentos quedaron inutilizables y debieron ser incinerados antes de llegar a los consumidores previstos.
Por otra parte, comerciantes del sector privado han señalado en reiteradas oportunidades presuntas exigencias irregulares por parte de los funcionarios de control. Propietarios de pequeños emprendimientos afirman que inspectores estatales exigen dinero o productos a cambio de no aplicar penalizaciones mayores. Esta situación genera un clima de incertidumbre entre los trabajadores independientes luego de este nuevo decomiso en Cuba.
Reclamos vecinales ante la creciente criminalidad
Los habitantes cuestionaron el despliegue policial frente a la venta informal y reclamaron una mayor atención estatal hacia los delitos violentos. Datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana revelaron 2.833 hechos delictivos durante 2025, lo que representó una suba superior al 115 por ciento respecto al año previo. Asimismo, organizaciones de derechos humanos como Cubalex contabilizaron 52 homicidios en un único mes reciente.
Los vecinos recordaron que la crisis de abastecimiento empuja a la población a adquirir víveres a través de revendedores ante la falta de suministros estatales. También surgieron reproches hacia la gestión comunal por las deficiencias en la recolección de basura y los servicios sanitarios. La indignación colectiva crece respecto a cada decomiso en Cuba mientras los asaltos y la delincuencia común continúan en aumento sin una respuesta efectiva.
Datos clave
- Operativo municipal: Se intervinieron nueve puestos informales en El Vedado y se labraron ocho multas por más de 103.000 pesos.
- Bienes incautados: Los agentes requisaron aceite, artículos de limpieza, hortalizas, frutas y carretillas de carga.
- Incertidumbre en la entrega: Vecinos exigen comprobantes que aseguren que los alimentos confiscados llegaron efectivamente a las escuelas anunciadas.
- Críticas de seguridad: La ciudadanía reclama que las fuerzas de seguridad prioricen la lucha contra asaltos, homicidios y redes de narcotráfico.
