El debate sobre la inseguridad en Honduras sumó una postura determinante luego de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos descartara que los jóvenes sean los principales generadores de violencia. Cándida Maradiaga, vocera del organismo, remarcó que las políticas estatales no deben basarse en prejuicios hacia los sectores juveniles vulnerables. Por el contrario, la entidad instó a priorizar medidas de inserción y acompañamiento social frente al punitivismo estatal.
La crisis de la inseguridad en Honduras y el sistema penal
Las estadísticas penitenciarias sustentan la postura del organismo defensor. De acuerdo con el relevamiento oficial, solo 157 adolescentes se encuentran recluidos en centros de privación de libertad, mientras que otros 1.426 cumplen diversas medidas socioeducativas en el medio libre. Estas cifras contrastan con la población penitenciaria mayor de edad, que alcanza los 19.374 reclusos en los diferentes establecimientos carcelarios del país centroamericano.
Frente a esta disparidad numérica, Maradiaga enfatizó que culpar a la juventud distorsiona el análisis de la criminalidad organizada. La funcionaria sostuvo que las causas estructurales requieren abordajes integrales y no meras respuestas judiciales represivas. Por este motivo, la entidad recalcó la necesidad de centrar las acciones estatales en la rehabilitación comunitaria de quienes atraviesan procesos judiciales.
Factores de riesgo social y reclutamiento forzado
La deserción escolar constituye uno de los detonantes más graves de la violencia en el territorio hondureño. La institución reportó que más de 1,2 millones de menores de edad permanecen desvinculados del sistema formal de enseñanza. Esta situación profundiza el desamparo de niños y adolescentes, exponiéndolos cotidianamente al maltrato escolar, a la mendicidad callejera y a diversas formas de trabajo infantil peligroso.
A este escenario se suma el accionar de redes delictivas que coaccionan a los menores para integrarlos a sus estructuras ilícitas. Los grupos criminales aprovechan la falta de contención para utilizarlos en el cobro de extorsiones y en la distribución de estupefacientes en zonas periurbanas. Asimismo, el organismo alertó sobre la recurrencia de embarazos tempranos vinculados con casos de abuso sexual no prevenidos ni atendidos oportunamente.
Fortalecimiento institucional y el contexto regional
Para contrarrestar la inseguridad en Honduras, la entidad de derechos humanos solicitó robustecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras, vigente desde el año 2019. Esta plataforma busca articular la respuesta de los ministerios y los municipios en favor de los sectores desprotegidos. También se requirió una mayor asignación presupuestaria para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con el fin de optimizar sus programas asistenciales.
La discusión sobre la responsabilidad penal juvenil guarda estrecha relación con los debates que periódicamente se suscitan en Paraguay y el Cono Sur sobre cómo enfrentar el delito sin vulnerar tratados internacionales. Expertos coinciden en que el endurecimiento indiscriminado de penas hacia menores no frena a las organizaciones criminales adultas. En cambio, consolidar redes de apoyo familiar y escolar resulta indispensable para revertir la captación ilícita en comunidades marginadas.
Datos clave
- Población judicializada: Unos 157 adolescentes permanecen privados de su libertad y 1.426 cumplen medidas no carcelarias, frente a 19.374 adultos recluidos en cárceles.
- Deserción escolar masiva: Más de 1,2 millones de niños y jóvenes están totalmente excluidos de las aulas escolares en territorio hondureño.
- Crimen y explotación: Las bandas delictivas reclutan a jóvenes para el cobro de extorsiones y la comercialización ilícita de estupefacientes.
- Demanda institucional: El comisionado exige incrementar los recursos destinados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para fortalecer la prevención.
