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Negociaciones de Itaipú carecen de una estrategia nacional advierte Aníbal Orúe Pozzo

Redacción BM Online•22 de noviembre de 2026 a las 06:15 a. m.•Asunción

Letras gigantes de Itaipú Binacional en un mirador con la represa hidroeléctrica y vertedero de fondo.

Las negociaciones de Itaipú se encuentran desprovistas de una estrategia nacional integral que defienda de forma transparente los intereses del país frente a Brasil, según advirtió el docente e investigador en políticas energéticas Aníbal Orúe Pozzo. El especialista analizó el escenario bilateral a partir de la reciente reconfiguración de autoridades en la entidad. Desde su perspectiva, los relevos administrativos no resuelven por sí solos las falencias históricas de la diplomacia paraguaya en la defensa de sus recursos.

Falta de rumbo en las negociaciones de Itaipú

El docente universitario enfatizó que Paraguay acude a los encuentros bilaterales sin haber definido con claridad una agenda pública de prioridades. Durante las administraciones precedentes, la política exterior nacional mostró una excesiva dependencia de intereses geopolíticos externos que debilitaron la inserción regional y la soberanía diplomática. Esta situación provocó que los debates se manejaran con hermetismo institucional, impidiendo la participación de la sociedad civil.

Para Orúe Pozzo, la reserva en las conversaciones entre ambos gobiernos genera desconfianza ciudadana y debilita la postura negociadora del Estado. La falta de información sobre las metas primordiales limita el control democrático de las decisiones estratégicas. En ese sentido, remarcó la urgencia de construir una plataforma abierta y consensuada que guíe el trabajo de los delegados oficiales.

La renovación de autoridades en la binacional

El presidente Pedro Alliana designó recientemente al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate como director general interino de la margen paraguaya, en reemplazo de Justo Zacarías Irún. Zárate cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas dentro de la estructura técnica de la hidroeléctrica. Pese a ese amplio conocimiento operativo, el especialista considera que la idoneidad funcional resulta insuficiente para resolver discrepancias de orden político y diplomático.

De forma paralela, el Poder Ejecutivo renovó el Consejo de Administración con la designación del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y del jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto. A ellos se sumaron el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. Con esta conformación, Riquelme asume la función de coordinador del equipo técnico encargado de las conversaciones sobre las bases financieras.

A criterio de Orúe Pozzo, las definiciones sustanciales no se resuelven en el ámbito del Consejo de Administración de la hidroeléctrica. Históricamente, las decisiones más determinantes quedaron supeditadas a los presidentes y a las cancillerías de ambas naciones. En ese marco, el peso real de los flamantes consejeros paraguayos dependerá de la voluntad del Ejecutivo para orientar el proceso.

El debate postergado del Anexo C

Uno de los señalamientos más críticos apuntó a que los gobiernos paraguayos centraron su esfuerzo en la fijación temporal de la tarifa eléctrica. Esta tendencia redujo la discusión a la obtención de ingresos coyunturales, postergando la revisión integral del documento normativo conocido como Anexo C. Según recordó el investigador, el entendimiento alcanzado en julio de 2009 entre Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula da Silva fue el último avance sustancial para el país.

Tanto el acta bilateral de 2019 como los acuerdos tarifarios de 2024 eludieron discutir las transformaciones de fondo que requiere el aprovechamiento hidroeléctrico conjunto. Un ajuste en el precio de la energía genera recursos financieros inmediatos, pero no altera las condiciones operativas fundamentales. Por ello, la renegociación integral del instrumento financiero constituye el objetivo central que debería perseguir el Estado paraguayo.

El marco legal vigente establece que cualquier modificación en las cláusulas financieras del Anexo C debe contar con la aprobación del Congreso Nacional. Este mecanismo constitucional abre una vía de fiscalización legislativa y debate público. Por tal motivo, los acuerdos de alcance estructural garantizan una legitimidad institucional muy superior a las resoluciones puramente administrativas adoptadas a puertas cerradas.

Modelo de desarrollo y soberanía energética

El análisis del especialista plantea que la discusión de fondo consiste en determinar qué uso dará el país al 50 por ciento de la electricidad generada que le pertenece. Vender los excedentes a la contraparte brasileña no debe continuar como la única alternativa económica viable para el territorio paraguayo. La energía constituye una palanca de transformación que debe planificarse con un horizonte de largo aliento hacia los próximos quince, treinta o cincuenta años.

Orúe Pozzo argumentó que la actual administración carece de la fortaleza política necesaria para liderar un gran acuerdo nacional sobre política energética. Por esa razón, consideró que las resoluciones soberanas definitivas podrían postergarse hasta el recambio de mandato en 2028. Hasta tanto no exista una concertación democrática representativa, las negociaciones de Itaipú continuarán expuestas a la improvisación y a los intereses sectoriales.

Datos clave

  • Estrategia ausente: El especialista Aníbal Orúe Pozzo advirtió que Paraguay acude a dialogar con Brasil sin una hoja de ruta definida ni transparente para la ciudadanía.
  • Enfoque cortoplacista: Las gestiones oficiales priorizaron la tarifa temporal de la energía en lugar de encarar la revisión estructural del Anexo C del tratado binacional.
  • Nuevas autoridades: El mandatario Pedro Alliana designó a Hugo Osvaldo Zárate al frente de la dirección paraguaya e incorporó a figuras políticas como Marco Riquelme y Nicanor Duarte Frutos en el Consejo de Administración.
  • Aprobación legislativa: Cualquier modificación en los términos y condiciones financieras del Anexo C requiere del acuerdo vinculante del Congreso Nacional para entrar en vigencia.

Fuente: elnacional.com.py

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