La crisis institucional en Paraguay alcanzó un nivel de ruptura severo tras una serie de destituciones y dimisiones forzadas en los cargos más altos del Estado. El abogado constitucionalista y exlegislador Adolfo Ferreiro sostuvo que el Congreso Nacional recurre de forma sistemática a simulacros jurídicos para desplazar autoridades según negociaciones coyunturales. La advertencia surge luego de que el Parlamento destituyera a Santiago Peña y forzara la salida de Emiliano Rolón del Ministerio Público en Asunción.
Juicios políticos como herramientas de presión partidaria
El jurista puntualizó que el procedimiento fijado en el artículo 225 de la Carta Magna sufrió una desnaturalización profunda en los últimos procesos sumarios. Según explicó, las cámaras legislativas primero sellan entendimientos partidarios para remover a un funcionario y recién después buscan las causales jurídicas que encajen formalmente en la acusación.
Ferreiro cuestionó la decisión de continuar con el enjuiciamiento de Peña el pasado 6 de noviembre, a pesar de que el exmandatario ya había presentado su renuncia formal un día antes. De igual manera, observó con preocupación la dimisión de Rolón en la Fiscalía General ante amenazas parlamentarias y los posteriores intentos de apartar al contralor general Camilo Benítez.
Para el profesional, este patrón de conducta demuestra que las garantías procesales quedaron relegadas por conveniencias momentáneas. El uso distorsionado de estos mecanismos especiales impide que las instituciones cumplan su rol de equilibrio republicano y las transforma en armas de coacción política permanente.
La crisis institucional en Paraguay y los simulacros legales
El análisis del exsenador remarca que esta crisis institucional en Paraguay no se reduce a nombres propios ni a enfrentamientos aislados entre dirigentes. A su criterio, la desaparición de reglas claras y contrapesos constitucionales coloca a la República ante un escenario totalmente impredecible donde cualquier decisión arbitraria resulta factible.
Ferreiro comparó el orden democrático con una contienda deportiva en la cual el árbitro garantiza que nadie sobrepase las normas básicas de juego. Sin embargo, advirtió que el escenario actual carece de jueces imparciales y opera bajo acuerdos cerrados entre grupos con intereses particulares que ignoran las leyes vigentes.
Asimismo, el abogado criticó la utilización desmedida de la pérdida de investidura parlamentaria para castigar a legisladores opositores o disidentes. En ese contexto, recordó que organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya emitieron fallos condenatorios contra el Estado paraguayo por vulnerar garantías fundamentales y el debido proceso.
El quiebre del pacto de transición y la pérdida de controles
Durante su intervención, Ferreiro explicó que los consensos alcanzados tras el fin del régimen de Alfredo Stroessner protegían un esquema básico de contrapesos. Aquel pacto impedía que los órganos de fiscalización administrativa quedaran bajo la órbita del mismo signo partidario que administraba el Poder Ejecutivo.
El letrado recordó que la Contraloría General de la República solía estar encabezada por figuras ajenas al oficialismo de turno. A su juicio, permitir que representantes del mismo sector político se auditen mutuamente destruye la independencia técnica necesaria para vigilar los fondos públicos y favorece la impunidad generalizada.
El jurista sumó a su diagnóstico el alarmante retroceso cultural y educativo que padece la sociedad civil paraguaya. Según sus declaraciones, el abandono de la formación cívica y las reformas electorales como las listas desbloqueadas fragmentaron los partidos políticos, dejando a la ciudadanía indefensa frente a los abusos del poder.
Datos clave
- Adolfo Ferreiro denunció que los juicios políticos actuales responden a pactos previos y constituyen simulacros constitucionales.
- La destitución parlamentaria de Santiago Peña y la renuncia de Emiliano Rolón en noviembre marcaron el inicio de una escalada de inestabilidad.
- El quiebre de consensos históricos de la transición democrática debilitó los contrapesos entre los poderes del Estado.
- Los órganos de control perdieron su independencia operativa al quedar bajo la influencia de los mismos sectores que ejercen el gobierno.






