El presidente de El Salvador, Nayib Bukele cárceles mediante, descartó de forma categórica la liberación masiva de integrantes de grupos criminales y anunció una revisión caso por caso de colaboradores puntuales. La aclaración ocurrió durante la suscripción de acuerdos de seguridad bilateral con autoridades de Costa Rica en la capital salvadoreña. El mandatario insistió en que los miembros plenos de estas agrupaciones permanecerán recluidos sin beneficio alguno.
Alcance real de la revisión de expedientes
El gobernante salvadoreño aclaró que las versiones sobre una excarcelación masiva de hasta 46.000 internos surgieron de interpretaciones erróneas tras un convenio con España. Nayib Bukele cárceles explicó que la iniciativa se limitará al análisis de la mitad de los 10.626 detenidos catalogados administrativamente como colaboradores, para considerar si pueden calificar al programa penitenciario Cero Ocio o eventualmente recuperar su libertad.
Esta medida busca discernir situaciones excepcionales donde civiles auxiliaron a grupos ilegales bajo coacción o sin formar parte orgánica de la red delictiva. El presidente ratificó de manera enfática que ningún pandillero con rango operativo o pertenencia jurada saldrá de prisión, manteniendo inalterable la política punitiva del régimen carcelario salvadoreño.
Clasificación interna en el sistema penitenciario
De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Ejecutivo, los recintos albergan actualmente a 120.956 reclusos, de los cuales 96.457 enfrentan cargos por vínculos directos o delitos afines a pandillas. El resto corresponde a reclusos comunes procesados por ilícitos ordinarios como robo, fraude u homicidios no vinculados a estas estructuras organizadas.
Para justificar el criterio técnico de evaluación, se dividió a la población señalada en cuatro grupos específicos. El primero engloba a 42.125 miembros plenos o formalmente integrados a través de rituales internos. El segundo grupo abarca a 25.910 personas que cumplían funciones de apoyo operativo constante, como tareas de vigilancia territorial, traslado de armas o alerta ante movimientos policiales.
El tercer conjunto está compuesto por colaboradores habituales que cooperaban activamente en crímenes sin intenciones de incorporarse formalmente, citando el ejemplo de transportistas que movilizaban delincuentes. Finalmente, el cuarto bloque reúne a quienes brindaron auxilio ocasional forzado, como almacenar encomiendas o alojar fugitivos bajo amenaza, siendo este último el único grupo sometido a estudio.
Inclusión laboral y perspectiva penal
Aquellos reclusos que obtengan un dictamen favorable tras la verificación judicial e institucional podrán ser derivados a Cero Ocio. Dicho programa involucra a reclusos en labores productivas como fabricación de mobiliario escolar, costura de uniformes, refacción edilicia y talleres artísticos dentro de las prisiones ordinarias, beneficio vetado para los reclusos recluidos en penales de máxima seguridad como el CECOT.
Las autoridades recalcaron que quienes aportaron complicidad con conocimiento pleno de causa responderán ante la Justicia con penas severas que podrían alcanzar hasta 20 años de encierro. Para el debate de seguridad en América Latina, incluyendo el interés que suscitan estas medidas en Paraguay, el esquema carcelario salvadoreño continúa bajo observación por la delgada línea entre penas ordinarias y garantías procesales.
Datos clave
- Población penal: El Salvador contabiliza 120.956 personas privadas de libertad, con 96.457 procesadas por vínculos con organizaciones delictivas.
- Sujetos de revisión: La evaluación se acotará a cerca del 50% de 10.626 reclusos clasificados únicamente como colaboradores circunstanciales.
- Exclusión total: 42.125 integrantes plenos y más de 25.000 operadores territoriales no recibirán beneficios de excarcelación.
- Reintegración: Los perfiles seleccionados podrán sumarse a programas de trabajo y formación penitenciaria del plan Cero Ocio.
