Un caso vinculado al narcotráfico en Nicaragua conmocionó al sector docente tras conocerse que una profesora admitió haber integrado un grupo ilícito. La docente María Luisa Dávila Hurtado, cuyo paradero era desconocido para sus parientes desde julio, reconoció su participación en el traslado de sustancias ilegales. La declaración tuvo lugar en los tribunales de Managua durante el desarrollo del proceso penal.
La acusada había sido vista por última vez en la localidad balnearia de El Tránsito, situada en el municipio de Nagarote. En esa ocasión se encontraba en compañía de Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, quien también figura en la causa judicial. Tras la denuncia de desaparición presentada por sus allegados, las averiguaciones de las fuerzas del orden derivaron en una serie de procedimientos policiales.
Allanamiento y decomiso de sustancias en Masaya
Las pesquisas policiales condujeron a un inmueble ubicado en el municipio de Nindirí, dentro del departamento de Masaya. En esa vivienda de la residencial Las Palmeras, los uniformados hallaron un importante cargamento de estupefacientes empaquetados. Los análisis técnicos confirmaron que los paquetes albergaban alrededor de 137 kilos de cocaína.
Durante la misma intervención, los agentes incautaron un automóvil y dos motocicletas que presuntamente servían como medios de transporte. Asimismo, los intervinientes hallaron dinero en efectivo en distintas monedas locales y extranjeras. Estas evidencias fueron remitidas a las autoridades jurisdiccionales como sustento material de la acusación formulada por el Ministerio Público.
Confesión judicial y estructura criminal identificada
El expediente judicial señala que el grupo ilícito operaba con el fin de enviar cargamentos con dirección a Honduras. La Fiscalía identificó a Chrystel Magali Baltodano Salguera como la presunta cabecilla de esta estructura criminal. Según los informes del ente persecutor, la mujer coordinaba los enlaces de comunicación y la recepción de las sustancias ilícitas.
Durante la audiencia desarrollada a inicios de octubre, cinco de los seis involucrados aceptaron voluntariamente los hechos atribuidos. Además de Dávila Hurtado, reconocieron su culpabilidad Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, Jorge Steven López López y Luis Ángel Ñurinda Robleto. Por su parte, el procesado Jeffry Jonathan Urbina López no admitió los cargos, por lo que su juzgamiento fue pospuesto para finales de mes.
El impacto del narcotráfico en Nicaragua y el paso fronterizo
La jueza penal Ulisa Yaoska Tapia Silva consideró a los procesados coautores de crimen organizado y traslado internacional de sustancias prohibidas. De acuerdo con las disposiciones judiciales, los montos en efectivo incautados ingresarán a los fondos estatales mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La magistrada resolvió ordenar la destrucción definitiva del cargamento confiscado y mantener la prisión preventiva para los confesos.
La persecución judicial contra las estructuras de transporte fronterizo refleja los mecanismos penales aplicados a los delitos de estupefacientes. Los investigadores sostienen que el movimiento irregular de cargamentos hacia el norte centroamericano es una modalidad frecuente del narcotráfico en Nicaragua. Por consiguiente, la Fiscalía solicitó hasta 22 años de reclusión para la supuesta cabecilla y 15 años de encierro para el resto de los confesos.
Datos clave
- La docente María Luisa Dávila Hurtado admitió ante un tribunal su participación en una red de traslado ilícito de estupefacientes.
- La Policía Nacional decomisó 137 kilos de cocaína durante un registro realizado en una residencia de Nindirí, Masaya.
- Cinco de los seis acusados aceptaron voluntariamente los cargos y esperan sentencia bajo prisión preventiva en Managua.
- El Ministerio Público requirió penas de 15 años de cárcel para los coautores y de 22 años para la supuesta organizadora.
