La Municipalidad de Luque atraviesa un periodo de fricción institucional luego de que el legislativo comunal aprobara la interpelación de dos altos funcionarios del gabinete municipal. La convocatoria responde a los recientes reclamos por la no renovación de contratos laborales de cientos de empleados que prestaban servicios en diversas áreas locales.
La decisión fue formalizada en la última sesión ordinaria de la Junta Municipal luqueña, donde una mayoría de ediles respaldó la interpelación a Diana Orrego, encargada de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, y a Antonio Hermosilla, responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna.
Conflicto por desvinculaciones en la Municipalidad de Luque
El detonante de este enfrentamiento interno fue la terminación de contratos de diversos funcionarios incorporados durante el mandato del exjefe comunal Carlos Echeverría. El llamado a los directores contó con siete votos favorables y cuatro posturas en contra, lo que puso en evidencia los desacuerdos que imperan en la corporación legislativa.
La sesión extraordinaria de la comisión asesora encargada del procedimiento indagará los argumentos jurídicos utilizados para rescindir o no prolongar estos acuerdos. Según la postura transmitida por el área de Recursos Humanos, los contratos tienen como fecha de término el 31 de diciembre, por lo que su no renovación se encuadra en los términos contractuales preestablecidos y la legislación laboral vigente.
La división partidaria y las disputas de poder
El resultado de la votación dejó al descubierto una fractura interna en el Partido Colorado a nivel local. Mientras cuatro concejales responden al actual intendente Hugo Farías, otros cuatro mantienen su alineamiento con el exadministrador de la ciudad, Carlos Echeverría.
A este sector se sumaron votos de concejales liberales, reviviendo cuestionamientos sobre acuerdos políticos transversales que operaron en periodos anteriores. Entre los ediles que manifestaron su desacuerdo con las desvinculaciones se encuentran los colorados Juan Ángel Marecos y Arnaldo Baeza, junto con la liberal Francisca Franco.
Los legisladores molestos argumentan un impacto negativo en la operatividad de los servicios que brinda la Municipalidad de Luque. Por su parte, sectores favorables a la actual administración señalan que estas incorporaciones respondían principalmente a cupos y compromisos partidarios forjados en administraciones pasadas.
Impacto en las finanzas y el marco normativo
El sostenimiento de estas contrataciones temporales genera un fuerte debate sobre la sostenibilidad del presupuesto comunal. De acuerdo con datos que trascendieron en el ámbito municipal, la nómina correspondiente al grupo de funcionarios cesados representaba un desembolso estimado en 850 millones de guaraníes mensuales para las arcas municipales.
En Paraguay, la Ley Orgánica Municipal faculta al intendente a estructurar las dependencias operativas y regular la fuerza laboral según la disponibilidad de recursos y las metas del municipio. Sin embargo, la Junta Municipal posee atribuciones de control y fiscalización de los actos de la administración central, lo que suele derivar en este tipo de llamados a directores de área.
El desenlace de esta interpelación marcará el rumbo de la gobernabilidad local en los próximos meses, en un escenario donde las decisiones presupuestarias y los recortes de personal suelen generar alta tensión entre los diferentes sectores políticos que pugnan por el control comunal.
Datos clave
- La Junta Municipal convocó a interpelación a los responsables de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos del municipio.
- Siete votos contra cuatro definieron la citación de las autoridades para dar explicaciones sobre la salida de personal contratado.
- El costo del personal afectado representaba una carga cercana a los 850 millones de guaraníes mensuales financiados por los contribuyentes.
- La bancada oficialista colorada quedó dividida entre ediles afines al intendente Hugo Farías y concejales leales a Carlos Echeverría.






