Las multas de transporte y la imposición de sanciones penitenciarias más severas generaron un fuerte reclamo de los gremios del sector en El Salvador tras conocerse las reformas legales en debate. Dirigentes empresariales y técnicos viales solicitaron establecer facilidades de pago, incorporar labores comunitarias y reconsiderar las penas de encierro. La postura institucional fue expuesta durante un panel público en el que se analizaron las modificaciones normativas impulsadas por las autoridades.
Propuestas sobre multas de transporte y labor comunitaria
Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte salvadoreña, planteó la necesidad de diseñar alternativas viables para los conductores endeudados. Su propuesta apunta a estructurar esquemas escalonados que consideren el saldo total adeudado en concepto de sanciones viales e intereses generados.
El dirigente sostuvo que facilitar la cancelación de las multas de transporte acumuladas resulta indispensable para que los choferes puedan recuperar sus licencias de conducir y continuar trabajando. Asimismo, planteó que las faltas administrativas puedan conmutarse mediante la realización de trabajo comunitario, evitando que la deuda económica paralice la actividad laboral.
Desde el sector también se recordó que las empresas ya asumen múltiples penalizaciones económicas y administrativas cada vez que ocurre un siniestro en las calles. Regalado explicó que un accidente suele derivar en esquelas directas, reparaciones civiles, pérdidas de subsidios y la retención tanto de placas como de vehículos.
Debate técnico sobre conducción peligrosa y penas de cárcel
El especialista en movilidad vial Hugo Mayorga analizó el proyecto que busca modificar el artículo 147-D del Código Penal salvadoreño, vigente desde finales de 2024. La enmienda califica como conducción peligrosa el manejo de transporte colectivo o de vehículos pesados sin la habilitación legal correspondiente.
Dicha tipificación contempla penas que oscilan entre cinco y diez años de prisión sin posibilidad de excarcelación para los operadores de carga o pasajeros. Mayorga cuestionó que se aplique una sanción penal de esa magnitud sin que exista necesariamente un accidente o un daño comprobado en la vía pública.
El experto remarcó que el ordenamiento punitivo rechaza la responsabilidad objetiva en materia penal, diferenciándola claramente del ámbito civil reparatorio. Además, advirtió sobre la incorporación del artículo 147-G, que impondría de cinco a diez años de encierro a propietarios o encargados que autoricen a manejar a quien carezca del carné adecuado.
Impacto en el comercio internacional y exigencia de prevención
Por su parte, Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña del Transporte Internacional de Carga, enfatizó que los siniestros viales no son exclusivos del rubro profesional. El representante gremial afirmó que cualquier usuario de rodados particulares puede ocasionar percances y pidió que la legislación no se concentre únicamente en colectivos y camiones.
Alfaro subrayó la urgencia de controlar los límites de peso de las cargas que despachan las compañías mercantiles para prevenir incidentes en ruta. Del mismo modo, el líder transportista insistió en priorizar la instrucción vial y los exámenes exhaustivos, argumentando que dos días de detención bastarían como advertencia disciplinaria en lugar de una década de encierro.
Los analistas coincidieron en que la severidad de las penas podría ahuyentar a los choferes nacionales y restringir el ingreso de conductores de Honduras y Guatemala. Esta situación causaría un encarecimiento inmediato de los fletes de mercaderías e impactaría de lleno en el costo de los bienes básicos para toda la región.
Datos clave
- Gremios del transporte propusieron opciones de pago fraccionado y trabajo comunitario para saldar deudas por infracciones viales.
- Las reformas penales establecen condenas de cinco a diez años de prisión no excarcelable por conducir sin licencia habilitante en el sector de carga y pasajeros.
- Especialistas jurídicos cuestionaron la aplicación de responsabilidad penal sobre dueños de unidades y la ausencia de dolo en las tipificaciones planteadas.
- El sector mercantil advirtió sobre el posible encarecimiento de fletes y la escasez de choferes internacionales debido a la rigidez normativa.
