La mora judicial en Paraguay frena la resolución definitiva de varios procesos por presuntos hechos de corrupción que involucran a exjefes comunales de distintas localidades del país. A través de recursos pendientes en las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, los procesados logran dilatar el cumplimiento de sentencias o la revisión de sus sobreseimientos. Informes oficiales del Poder Judicial revelan atrasos considerables que superan incluso los dos años sin resolución en expedientes de alto perfil.
Fondos de Fonacide y la causa abierta en San Antonio
Uno de los casos paralizados corresponde a Raúl Isaac Mendoza, quien se desempeñó como intendente del municipio de San Antonio durante el periodo 2010-2015 por el Partido Liberal Radical Auténtico. El exadministrador comunal afronta un proceso por presunta lesión de confianza relacionado con un supuesto perjuicio patrimonial de 962 millones de guaraníes procedentes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.
En este litigio, el Ministerio Público requirió en su momento una sanción privativa de libertad de nueve años. Sin embargo, el tribunal colegiado dictó la absolución el 13 de setiembre de 2023 al determinar la falta de acreditación del hecho penal atribuido. Ante dicha resolución, la fiscalía formuló un recurso extraordinario de casación el 3 de agosto del mismo año para revertir el fallo.
El reporte institucional del Poder Judicial correspondiente al 15 de abril de 2026 evidenció que este trámite continúa varado en la Sala Penal debido a que no se ha finiquitado la integración del tribunal de alzada. De esta forma, el expediente suma más de dos años y ocho meses en espera de una decisión de los ministros.
Casos de contrabando y desvío de recursos comunales
Una situación análoga atraviesa el exintendente de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez González, quien cuenta con una condena por contrabando de mercaderías. El Ministerio Público presentó imputación en su contra el 6 de octubre de 2020 por el supuesto acopio de azúcar de origen ilícito en instalaciones municipales y formuló la acusación conclusiva el 4 de abril de 2021.
Tras anularse un primer fallo que lo desligaba del caso el 20 de setiembre de 2023 por parte de una Cámara de Apelaciones, se procedió a la realización de un nuevo juzgamiento. En esta instancia, dictada el 5 de marzo de 2025, el tribunal le impuso una pena de cinco años de encierro, confirmada en alzada el 17 de diciembre de 2025. Pese a esto, la defensa planteó casación el 30 de diciembre de 2025, recurso que permanece pendiente.
El tercer caso involucra a Hilario Adorno Mazacote, exintendente de Puerto Casado y hermano del legislador Domingo Adorno. La justicia sentenció al exjefe comunal a tres años y ocho meses de prisión por administración en provecho propio y lesión de confianza el 13 de junio de 2025, decisión ratificada el 8 de octubre de 2025. Para frenar la ejecución, la representación legal promovió una acción ante la Sala Constitucional el 20 de octubre de 2025, la cual sigue sin estudio de fondo.
Impacto de la mora judicial en Paraguay en los municipios
El estancamiento de expedientes de administradores distritales plantea serios cuestionamientos al funcionamiento del máximo tribunal de la República. Cuando los magistrados no integran las salas para resolver los recursos extraordinarios, el sistema posterga la ejecución de penas o la aclaración de supuestas irregularidades en el manejo de recursos comunitarios.
Especialistas del ámbito procesal advierten que la mora judicial en Paraguay genera un entorno de vulnerabilidad institucional, ya que los plazos procesales corren y pueden derivar en la extinción de las causas. Los municipios perjudicados por presuntas malversaciones quedan sin la posibilidad de recuperar fondos públicos destinados originalmente a escuelas, infraestructura y servicios básicos mientras los expedientes permanecen retenidos en despachos judiciales.
Datos clave
- Raúl Isaac Mendoza: Acusado por un presunto desvío de G. 962 millones del Fonacide en San Antonio, aguarda la integración de la Sala Penal tras más de dos años y ocho meses de haberse presentado la casación fiscal.
- Francisco Arnaldo Chávez González: Condenado a cinco años de penitenciaría por contrabando de azúcar en Independencia, presentó casación a fines de 2025 y sigue sin resolución.
- Hilario Adorno Mazacote: Cuenta con condena ratificada a tres años y ocho meses de cárcel por hechos de corrupción en Puerto Casado, pero recurrió a la Sala Constitucional para evitar el cumplimiento de la pena.
- Mecanismos de traba procesal: La falta de conformación de salas y la dilación en resolver acciones extraordinarias prolongan los juicios a figuras políticas en la Corte Suprema de Justicia.
