El Ministerio de Salud de Panamá afronta una deuda que sobrepasa los 42,2 millones de dólares por primas de antigüedad adeudadas a cerca de 7.000 extrabajadores estatales. La entidad sanitaria solicitó la inclusión de estos fondos dentro del presupuesto oficial de 2027, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un dictamen negativo al sugerir una partida en cero para atender ese compromiso laboral pendiente.
Esta situación arrastra reclamos históricos de trabajadores que concluyeron sus servicios a partir del año 2014. El problema financiero evidencia la dificultad del aparato estatal para honrar obligaciones contempladas en la normativa vigente, lo que genera zozobra en personas jubiladas de avanzada edad.
Un pasivo en aumento que frena el Ministerio de Salud de Panamá
El saldo impago registró un incremento respecto a los balances formulados con anterioridad. Durante septiembre de 2025, el titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo, señaló que el pasivo rondaba los 40 millones de dólares y que se preparaba un censo institucional para viabilizar un desembolso progresivo.
Sin embargo, las cifras más recientes actualizadas por el departamento de Recursos Humanos de la entidad situaron el requerimiento en 42,2 millones de dólares para alcanzar a unos 7.000 antiguos dependientes. A pesar del pedido formal para el ejercicio fiscal 2027, la recomendación técnica presupuestaria inicial rechazó otorgar respaldo económico a dicha cuenta especial.
Durante reuniones recientes entre las autoridades y los voceros de los exempleados, el secretario general del organismo, Julio Arosemena, remarcó que existe pleno reconocimiento del débito estatal y que se exploran salidas viables. Al mismo tiempo, la directora de Recursos Humanos, Rosalva de Castro, precisó el tamaño de la masa afectada y el monto requerido para regularizar el escenario.
El marco legal del beneficio y los reclamos de los trabajadores
El pago reclamado cuenta con sustento directo en la Ley 241 de 2021 de ese país. La reglamentación instituye como pauta el abono de una semana de sueldo por cada año completado de labores continuas, usando de parámetro la última retribución cobrada y concediendo valores proporcionales en fracciones anuales.
El alcance legal beneficia a dependientes permanentes, transitorios o eventuales que culminen sus tareas oficiales, sin importar la razón de su salida, excluyendo únicamente a puestos de elección o de libre remoción. Asimismo, la ley dictamina que la entidad donde se produjo la desvinculación final debe cancelar el beneficio, siempre que las interrupciones entre cargos públicos no superasen 60 días seguidos.
El origen de este derecho data del 1 de enero de 2014 bajo la vigencia de la Ley 39 de 2013 y sus posteriores reformas. Mediante la Resolución Administrativa 1308 de noviembre de 2025, el Ministerio de Salud de Panamá aprobó el trámite para liquidar estas solicitudes, pero la falta de partidas presupuestarias impidió su puesta en práctica real.
Representantes de jubilados como Aura Valdés de Adames recordaron que numerosos beneficiarios superan actualmente los 70 años de edad. Desde finales de 2025 este sector elevó protestas ante la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo para urgir soluciones inmediatas.
El impacto presupuestario de las prestaciones laborales en el sector público
La controversia no representa un hecho aislado dentro de las instituciones públicas panameñas. Hacia finales de 2024, el Órgano Judicial desembolsó 8,17 millones de dólares para saldar las prestaciones pendientes de 2.948 antiguos colaboradores.
En contraste, el Ministerio de Salud de Panamá enfrenta un volumen de compromisos sustancialmente mayor, supeditado a que las autoridades hacendarias acepten reconsiderar las asignaciones fiscales correspondientes al ciclo 2027.
Datos clave
- Monto acumulado: La deuda estatal supera los 42,2 millones de dólares y abarca a unos 7.000 exfuncionarios.
- Falta de recursos: El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó asignar cero dólares a la partida pedida para el presupuesto de 2027.
- Marco normativo: La prestación está respaldada por la Ley 241 de 2021 y reconoce derechos laborales adquiridos desde enero de 2014.
- Población vulnerable: Voceros de los demandantes indicaron que gran parte de los afectados supera los 70 años de edad.
