Los migrantes nicaragüenses registraron un incremento del 55 % en sus detenciones y encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos entre febrero y agosto de 2026. Según los datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las patrullas contabilizaron 1.331 personas frente a las 861 registradas durante el mismo ciclo del año anterior. La cifra mensual más elevada tuvo lugar en julio con 246 reportes, mientras que en agosto el registro descendió levemente a 218 casos.
A pesar del repunte registrado en estos meses, los niveles globales se ubicaron por debajo de los picos históricos previos a la investidura de Donald Trump a finales de enero de 2025. Los cambios en los protocolos de control territorial y los trámites de ingreso modificaron sustancialmente la dinámica de tránsito en los pasos fronterizos norteamericanos.
Cancelación de permisos y escalada de expulsiones
El Departamento de Seguridad Nacional determinó durante 2025 el cierre definitivo del programa de parole humanitario que beneficiaba a personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Quienes contaban con dicho beneficio recibieron notificaciones formales para abandonar el territorio estadounidense de no acreditar otra vía de permanencia legal.
A esta medida se sumó el vencimiento del Estatus de Protección Temporal para Nicaragua en septiembre de 2025. Aunque una resolución judicial inicial anuló la revocación, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió dicho dictamen en febrero de 2026, dejando a miles de personas sin cobertura legal mientras avanza el proceso de apelación.
En este escenario, las deportaciones experimentaron una marcada aceleración. Durante las primeras quince semanas de 2026 se registraron 3.122 expulsiones aéreas, frente a unas 600 reportadas en el mismo lapso de 2025. Para abril de 2026, las cifras acumuladas alcanzaban las 10.714 personas retornadas forzosamente hacia su país de origen.
Casos de asilo pendientes y traslados inéditos
La aplicación de las políticas migratorias afectó directamente a miles de migrantes nicaragüenses que residían en territorio estadounidense con trámites de refugio aún sin resolver. Entre los incidentes documentados figura la captura en Orlando del periodista Luis Galeano por parte de la autoridad migratoria estadounidense, luego de haber solicitado asilo en 2019 y haber sufrido la privación de su nacionalidad en Managua en 2023.
Asimismo, las autoridades federales deportaron a Jeffrey Jarquín, quien había permanecido detenido durante las protestas ciudadanas de 2018 y contaba con un proceso de asilo en trámite. A su regreso a Managua, el activista fue encarcelado de nuevo por las fuerzas de seguridad estatales.
Por primera vez en las operaciones de repatriación, Estados Unidos envió a finales de agosto a tres ciudadanos hacia la República Centroafricana en un vuelo compartido con extranjeros de otras nacionalidades. Entidades defensoras de derechos humanos alertaron sobre la desprotección absoluta que sufren estas personas al ser trasladadas a terceros países con los cuales carecen de lazos culturales, familiares o redes de contención jurídica.
Situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica
Costa Rica permaneció como el destino prioritario para la mayor parte de la población desplazada desde el territorio nicaragüense. Registros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados revelaron que, al cierre de octubre de 2025, el país vecino albergaba más de 207.000 solicitantes de protección, de los cuales el 85 % provenía de Nicaragua.
Frente al colapso de los despachos migratorios, las autoridades costarricenses establecieron una Categoría Especial Temporal Complementaria, vigente desde septiembre de 2026 hasta septiembre de 2027. Este mecanismo otorga residencia y permiso de empleo por dos años a quienes desistan de sus pedidos formales de refugio, canjeando la figura de asilo por una regularización temporal sujeta a condiciones económicas.
Al mismo tiempo, la comunidad exiliada enfrenta crecientes problemas de seguridad y rechazo social en territorio costarricense. El dirigente opositor Reinaldo Picado sufrió dos atentados con armas de fuego en San José durante 2026, mientras sondeos académicos de la Universidad de Costa Rica detectaron reticencia vecinal y barreras para que estas personas accedan al sistema de salud pública y a puestos de empleo formal.
Datos clave
- Aumento fronterizo: Los encuentros de ciudadanos de Nicaragua en el sur de Estados Unidos crecieron un 55 % entre febrero y agosto de 2026 con 1.331 casos.
- Pérdida de beneficios: El fin del programa de parole humanitario y la suspensión del Estatus de Protección Temporal obligaron a miles de extranjeros a regularizarse por asilo o enfrentar la salida.
- Repatriaciones masivas: Hasta abril de 2026 se registraron más de 10.700 deportaciones hacia Nicaragua, incluyendo expulsiones de activistas con trámites pendientes e inéditos envíos a África.
- Presión en el sur: Costa Rica acumuló más de 200.000 solicitudes de protección de nicaragüenses, habilitando permisos de trabajo temporales condicionados a la renuncia del refugio.
