Un informe oficial reveló la crítica situación de menores desplazados en Honduras debido al accionar violento de organizaciones criminales. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó que al menos 245 niñas, niños y adolescentes debieron abandonar sus hogares o quedaron bajo riesgo inminente durante el 2025. Las presiones directas y las amenazas constituyen los principales factores que impulsan el desarraigo infantil en territorio hondureño.
La Defensoría de la Niñez de la institución humanitaria señaló que las estructuras dedicadas al narcotráfico y las pandillas buscan sumar jóvenes a sus filas de manera coercitiva. Este escenario debilita el tejido social comunitario y cancela las posibilidades de formación de los afectados, según manifestaron las autoridades encargadas del seguimiento de los casos.
Cooptación criminal y menores desplazados en Honduras
Las redes delictivas aprovechan los entornos de alta vulnerabilidad económica para presionar a las familias en sus propios vecindarios. La coordinadora de la Defensoría de la Niñez, Cándida Maradiaga, detalló que el fenómeno de los menores desplazados en Honduras refleja la indefensión ante maras y bandas armadas. Estas facciones pretenden utilizar a los chicos para tareas ilícitas que van desde la vigilancia comunitaria hasta el cobro de extorsiones.
El abandono del hogar se convierte en la única alternativa para salvaguardar la vida ante las exigencias de estas bandas criminales. Esta movilización forzada interrumpe la trayectoria escolar de los menores, altera la convivencia con sus parientes y anula los proyectos de desarrollo personal en sus lugares originarios de crianza.
La situación penal y el debate sobre la condición de víctimas
El problema también impacta en el sistema tutelar administrado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. La entidad reportó que ocho de cada diez adolescentes recluidos en establecimientos pedagógicos cumplen sanciones vinculadas con extorsión o tráfico ilícito de estupefacientes. En total, unos 157 adolescentes permanecen bajo medidas privativas de la libertad en dichos recintos de rehabilitación.
Desde el organismo de derechos humanos recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido esta metodología de captación barrial en un dictamen de 2023. Maradiaga insistió en que estos adolescentes deben ser considerados víctimas de coacción y no exclusivamente victimarios. Además, remarcó que este grupo representa menos del uno por ciento frente a la población penitenciaria adulta hondureña, que supera los 19.200 reclusos.
Respuestas institucionales y el rol del sistema de protección
Frente al avance delictivo, el Conadeh instó a reactivar con fuerza el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras. Este mecanismo, aprobado originalmente en 2019, persigue coordinar las tareas entre dependencias estatales, gobiernos municipales y la sociedad civil. La meta es anticiparse a la captación de bandas para que las familias no terminen engrosando el registro de menores desplazados en Honduras al huir de sus comunidades.
El comisionado recalcó que la salida estatal no puede reducirse al castigo penal o al confinamiento preventivo de los infractores. Para el organismo, los centros pedagógicos requieren talleres vocacionales y programas pedagógicos efectivos que preparen a los jóvenes para su reinserción comunitaria. La restitución de derechos y el apoyo psicológico integral constituyen, según la institución, la vía fundamental para romper el circuito de captación que sostiene a los grupos armados.
Datos clave
- Registro oficial: El Conadeh contabilizó 245 menores afectados o en riesgo de desplazamiento forzado durante 2025.
- Delitos principales: El 80 % de los 157 adolescentes en centros correccionales enfrenta cargos por extorsión y comercialización de drogas.
- Población carcelaria: Los jóvenes recluidos representan menos del 1 % en contraste con los más de 19.274 adultos presos en Honduras.
- Mecanismo de respuesta: La defensoría exige la aplicación efectiva del sistema de protección Sigadena, creado en 2019, para frenar la cooptación delictiva.
