La investigación judicial sobre la masacre en Guatemala ocurrida a finales de septiembre en el municipio de Huité pasó formalmente a la capital del país centroamericano. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el expediente sea tramitado por el Juzgado de Mayor Riesgo A, bajo la conducción de la jueza Claudette Domínguez. El expediente permanece bajo estricta reserva legal debido a la complejidad del caso y los peligros que rodean las pesquisas.
Traslado del caso a la capital
La medida adoptada por el máximo tribunal guatemalteco aparta el proceso de los tribunales departamentales para concentrar las actuaciones en la sede central del Poder Judicial. Con esta decisión, la magistrada Domínguez asumirá la facultad de autorizar diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que incluyen eventuales órdenes de allanamiento y órdenes de captura.
El cambio de competencia fue autorizado luego de valorar las amenazas inherentes a la causa. Los hechos bajo indagación ocurrieron el 27 de septiembre pasado en el departamento de Zacapa, durante el desarrollo de una actividad deportiva comunitaria.
La masacre en Guatemala y el operativo sin aval policial
En las cuatro escenas procesadas tras el ataque armado, los peritos del Ministerio Público recolectaron un total de 77 indicios balísticos. La pesquisa cobró un giro de alta tensión institucional cuando las investigaciones preliminares sobre la masacre en Guatemala apuntaron a una presunta intervención de tropas del Ejército en la zona del tiroteo.
El entonces titular de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, remarcó que las ocho víctimas mortales carecían de antecedentes delictivos. Asimismo, agentes locales de seguridad comunicaron oportunamente a la superioridad que en ese momento se ejecutaba una acción militar en Huité.
Las actuaciones judiciales revelaron la presencia de aproximadamente 130 efectivos militares durante la noche del episodio violento. Pese a que las autoridades castrenses atribuyeron inicialmente el enfrentamiento armado a rivalidades entre organizaciones criminales, la institución terminó admitiendo el despliegue de sus tropas en el sitio.
Reconocimiento oficial y crisis en el mando militar
En el marco de una interpelación ante el Congreso de Guatemala, el viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, admitió que el contingente militar ingresó a Huité sin la compañía obligatoria de la Policía Nacional Civil. La autoridad ministerial no aclaró quién ordenó el despliegue ni las instrucciones específicas bajo las cuales operaron los uniformados.
De acuerdo con la versión brindada por la cartera de Defensa, los soldados efectuaron disparos de carácter disuasivo al escuchar detonaciones en los alrededores. Por estos motivos, el ministerio puso a disposición de la fiscalía general a 107 integrantes de distintas jerarquías de las fuerzas armadas.
Ante la gravedad institucional surgida tras la masacre en Guatemala, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, dispuso la destitución del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián. En la misma orden, el mandatario relevó al comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Erwin Constanza Hidalgo, con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
Datos clave
- Jurisdicción especial: la causa penal pasó al Juzgado de Mayor Riesgo A de la capital guatemalteca, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, bajo reserva judicial.
- Ocho víctimas mortales: el ataque se produjo el 27 de septiembre durante un torneo deportivo en Huité y dejó además 77 casquillos balísticos recopilados en cuatro escenas.
- Involucramiento del Ejército: las autoridades castrenses admitieron que unos 130 uniformados operaron en el área sin respaldo policial, poniendo a 107 integrantes a disposición de la fiscalía.
- Relevos en la cúpula: el presidente Bernardo Arévalo sustituyó al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al comandante de la brigada territorial para no entorpecer las indagatorias.
