La situación de la libertad religiosa en Nicaragua sumó un nuevo capítulo polémico luego de que la vicepresidenta Rosario Murillo afirmara públicamente que la administración oficial respeta todas las expresiones de fe. La declaración de la mandataria se produjo a inicios de octubre durante su habitual discurso diario, en el cual destacó la realización de misas y procesiones en distintas regiones del país.
El mensaje oficial contrasta de forma directa con los antecedentes documentados por organismos internacionales de derechos humanos. Estas entidades registraron durante los últimos años constantes prohibiciones a ceremonias públicas, detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y masivas expulsiones de religiosos fuera del territorio nicaragüense.
El discurso oficial sobre la libertad religiosa en Nicaragua
En su alocución cotidiana, la vocera y vicepresidenta nicaragüense sostuvo que el gobierno respalda la posibilidad de orar bajo cualquier denominación. Murillo mencionó de manera puntual las festividades en honor a la Virgen del Rosario desarrolladas en departamentos como Estelí y Carazo, donde feligreses acompañaron el desplazamiento de las imágenes por las calles.
No obstante, la funcionaria remarcó que las caminatas tendrían una duración breve. Según reportó el medio informativo nicaragüense Artículo 66, la vocera supervisó públicamente los horarios de los recorridos de la imagen patronal, lo que diversos analistas interpretaron como un rol estatal que pretende controlar y autorizar de forma minuciosa cada manifestación de fe en el espacio público.
Las cifras de las restricciones y expulsiones documentadas
El escenario de apertura relativa presentado por las autoridades estatales dista de la realidad registrada por los observadores independientes. Documentos emitidos por la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional revelaron que entre 2019 y 2026 se cancelaron o prohibieron más de 27.000 procesiones y actos comunitarios de culto en suelo nicaragüense.
La misma entidad multilateral precisó que hasta febrero de 2026 un total de 309 figuras religiosas sufrieron expulsión, destierro o la negativa para retornar al país. Entre los afectados figuran obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y diáconos, sumados al despojo de personerías jurídicas, el cierre de organizaciones benéficas y la confiscación patrimonial de templos y centros educativos vinculados al clero.
La vigilancia internacional sobre los derechos fundamentales
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraron acciones punitivas contra la libertad religiosa en Nicaragua. Las acusaciones penales más comunes formuladas contra sacerdotes y laicos incluyeron traición a la patria, lavado de activos y presuntos delitos contra la integridad de la nación.
Las denuncias también señalan que varios pastores evangélicos recibieron advertencias directas para evitar alusiones críticas a la gestión estatal en sus sermones dominicales. Asimismo, religiosos católicos debieron gestionar permisos policiales extraordinarios para movilizarse entre localidades, mientras que en cuatro diócesis se suspendieron las ordenaciones sacerdotales de forma indefinida.
Aunque en localidades como Masaya y Matagalpa se permitieron recorridos patronales breves durante las últimas semanas, las celebraciones continuaron condicionadas por un estricto resguardo policial. Para los observadores externos, la retórica del poder central busca aliviar la presión diplomática sin conceder una verdadera libertad de culto a la ciudadanía.
Datos clave
- Declaraciones oficiales: Rosario Murillo afirmó que el Estado respeta todos los credos y celebró procesiones breves en zonas como Estelí y Carazo.
- Actividades clausuradas: La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional documentó la prohibición de más de 27.000 actos públicos de culto desde 2019.
- Líderes exiliados: Unos 309 clérigos y monjas resultaron expulsados, desterrados o con prohibición de ingreso a territorio nicaragüense hasta febrero de 2026.
- Vigilancia internacional: La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantienen informes críticos por confiscaciones, detenciones y presiones a la Iglesia.
