La libertad de prensa atraviesa un escenario crítico en Nicaragua tras la confirmación de que Daniel Ortega forma parte de la nómina global de 33 agresores contra el periodismo independiente elaborada por Reporteros Sin Fronteras. La difusión de esta lista coincidió con la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
La entidad internacional clasifica a los señalados en cinco dimensiones operativas que abarcan los ámbitos político, judicial, de seguridad, económico y social. Según el análisis de la organización, las tácticas implementadas para acallar a los informadores comprenden encarcelamientos, agresiones físicas, campañas de difamación, bloqueos financieros y vigilancia digital constante.
Esta clasificación anual no evalúa el contexto general de cada país, tarea que realiza la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras. El objetivo central de este listado específico es individualizar a los líderes, instituciones y grupos armados que ejercen acciones directas contra el ejercicio del periodismo.
Ataques contra la libertad de prensa y medios de comunicación
El deterioro de la libertad de prensa en territorio nicaragüense obligó a decenas de periodistas y comunicadores a exiliarse para resguardar su integridad. Reportes del Gobierno de Estados Unidos detallan que desde el inicio de la crisis en 2018 fueron clausurados al menos 58 medios de comunicación en esa nación.
A la par del cierre de plataformas informativas, las autoridades nicaragüenses cancelaron la personería jurídica de más de 5.600 organizaciones no gubernamentales. Esta reducción drástica del espacio cívico dejó a la población sin canales independientes para acceder a datos verificados e informaciones de interés público.
Informes internacionales sobre violaciones de derechos humanos
Los cuestionamientos hacia la administración de Ortega y la copresidenta Rosario Murillo van más allá del ámbito mediático. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre un desmantelamiento casi pleno del Estado de derecho entre junio de 2025 y junio de 2026.
El informe de las Naciones Unidas constató una extrema concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y en la estructura del partido de gobierno. Paralelamente, los organismos de control perdieron toda autonomía institucional frente a las decisiones vertidas desde la cúpula estatal.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó 161 casos de desaparición forzada registrados desde 2018, de los cuales 29 personas continúan sin ser localizadas. El equipo especializado atribuyó al Estado la utilización deliberada de este mecanismo represivo.
El mismo equipo internacional responsabilizó a los organismos estatales por la muerte en custodia de ocho personas arrestadas por motivos políticos. Entre los fallecidos en cautiverio figuran el exdiputado indígena Brooklyn Rivera y Humberto Ortega, hermano del mandatario nicaragüense.
Los investigadores concluyeron que existen elementos suficientes para considerar que desde abril de 2018 se cometieron crímenes de lesa humanidad. Los actos señalados incluyen persecución política, torturas, deportaciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios dirigidos hacia la oposición y sus entornos familiares.
Sanciones internacionales y exigencias de la comunidad global
Ante la gravedad de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de las Naciones Unidas instaron a los países miembros de la OEA a presionar por la restitución democrática. La petición contempla reabrir medios clausurados, universidades e instituciones religiosas intervenidas.
La respuesta diplomática internacional incluyó la extensión de medidas punitivas por parte de la Unión Europea hasta octubre de 2027. Las restricciones alcanzan a 21 autoridades y tres entidades nicaragüenses mediante la congelación de activos y la prohibición de ingreso a territorio europeo.
En esa misma línea, Estados Unidos impuso sanciones financieras a altos ejecutivos estatales en febrero y restringió el visado a más de 100 integrantes de la administración nicaragüense. Las medidas buscan castigar la represión política, la persecución de credos y la censura a la libertad de prensa.
Datos clave
- Nómina de RSF: Reporteros Sin Fronteras incluyó a Daniel Ortega entre los 33 principales atacantes del periodismo a nivel mundial.
- Cierre masivo de medios: Desde 2018, el régimen clausuró al menos 58 medios de comunicación y anuló más de 5.600 organizaciones civiles.
- Crímenes de lesa humanidad: Expertos de la ONU concluyeron que se cometieron torturas, desapariciones y persecuciones sistemáticas contra opositores.
- Fallecidos bajo custodia: Se documentó la muerte de ocho presos políticos en prisión, incluyendo al exlegislador Brooklyn Rivera y a Humberto Ortega.
- Presión internacional: La Unión Europea y Estados Unidos prorrogaron y ampliaron sanciones económicas y restricciones de visado contra autoridades del régimen.
