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internacionales

Fiscalía de Cuba pide hasta diez años de cárcel para dos creadores de contenidos en Holguín

Redacción BM Online•2 de octubre de 2026 a las 10:30 p. m.•Holguín

Dos hombres jóvenes con anteojos y cabello rapado miran de frente con un mural colorido de fondo.

La crisis de la libertad de expresión en Cuba suma un nuevo y tenso episodio judicial en la provincia de Holguín, donde dos jóvenes comunicadores independientes afrontan pedidos de hasta una década de prisión. El Ministerio Público solicitó condenas severas contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez por difundir contenidos en plataformas digitales mediante el proyecto El 4tico. Ambos realizadores fueron arrestados en febrero de 2026 tras allanamientos a sus domicilios particulares.

Los cargos formulados contra los realizadores de El 4tico

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Holguín formalizó la apertura del juicio oral tras recibir las conclusiones provisionales del órgano acusador. El expediente judicial atribuye a Medina una posible condena de ocho años de reclusión, mientras que para Zayas el requerimiento fiscal trepa a diez años de encierro. A los dos comunicadores se les imputan presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y organizaciones, e instigación a delinquir.

Según la documentación fiscal, los procesados comenzaron a operar de forma conjunta desde noviembre de 2025 al acondicionar un espacio de grabación en el reparto Piedra Blanca. Desde ese sitio grababan y publicaban materiales en YouTube, Instagram y Facebook orientados al análisis de la realidad política interna. Las autoridades afirman que el proyecto se solventaba a través de remesas enviadas desde el extranjero para comprar teléfonos, cámaras y computadoras portátiles.

Tensión por la libertad de expresión en Cuba y las acusaciones

El Ministerio Público alega que las grabaciones difundidas contenían llamamientos a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior para desobedecer mandatos vigentes. La acusación estatal sostiene además que los videos cuestionaban de manera reiterada la moral de la Policía Nacional Revolucionaria y atacaban la gestión del Partido Comunista. Estos señalamientos reavivan las advertencias internacionales sobre las severas restricciones que pesan sobre la libertad de expresión en Cuba al disentir del discurso gubernamental.

La fiscalía también incorporó al expediente presuntos contactos entre los acusados y activistas residentes en el exterior, entre ellos Yunior García Aguilera, Carolina Barrero y Amelia Calzadilla. Según la tesis oficial, estas figuras habrían suministrado guiones o asesoramiento técnico para las emisiones virtuales. Para los investigadores cubanos, estos intercambios representarían una articulación política organizada desde fuera del territorio de la isla para alterar la estabilidad interna.

La respuesta de los familiares y las garantías procesales

Frente a estas acusaciones, Mileydis Medina Machín, madre de Ernesto Ricardo Medina, rechazó de manera enfática los argumentos expuestos por la Fiscalía Provincial. La mujer remarcó que los artefactos decomisados por las fuerzas de seguridad corresponden a tecnología cotidiana de comunicación y no a materiales delictivos o bélicos. Del mismo modo, aclaró que la existencia de diálogos o saludos con personas radicadas fuera del país no demuestra la redacción externa de los guiones utilizados.

La madre de Medina manifestó que la familia aguarda un fallo condenatorio debido a lo que describe como una falta sistemática de garantías jurídicas en el país. A su criterio, los jóvenes únicamente ejercieron el pensamiento crítico sin apelar a la violencia ni buscar alteraciones forzadas. Tras la notificación judicial, la defensa técnica cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar sus argumentos antes de la fijación de la audiencia pública.

Las vicisitudes que enfrenta la libertad de expresión en Cuba repercuten de manera constante en la comunidad internacional y en los debates sobre derechos humanos en América Latina. Para observadores y juristas en Paraguay, el seguimiento de estos procesos arroja luz sobre la situación de los creadores de contenido frente a legislaciones penales estrictas. El caso de El 4tico evidencia el impacto del control estatal sobre el ecosistema digital emergente en la región caribeña.

Datos clave

  • Petición de condena: La Fiscalía solicitó diez años de cárcel para Kamil Zayas Pérez y ocho años para Ernesto Ricardo Medina por sus publicaciones audiovisuales.
  • Tipificación penal: Los delitos imputados incluyen presunta propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones e instigación a delinquir.
  • Proyecto El 4tico: La iniciativa comunicacional funcionaba desde un estudio montado en una vivienda del reparto Piedra Blanca, en Holguín, transmitiendo en redes sociales.
  • Postura familiar: La madre de uno de los imputados sostuvo que no existen garantías procesales y defendió el carácter pacífico y crítico del proyecto.

Fuente: infobae.com

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