Una compleja investigación por presunto lavado de dinero sacudió al sector del entretenimiento en Costa Rica tras la captura de dos reconocidos productores de espectáculos. La intervención judicial se ejecutó luego de múltiples pesquisas que determinaron la inyección de sumas millonarias en moneda física procedentes de estructuras criminales. El caso reveló cómo fondos ilícitos financiaron eventos multitudinarios entre los años 2024 y 2025.
Conciertos bajo sospecha de lavado de dinero
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, confirmó el arresto de Benavides Barboza y de otro empresario de apellido Stockwell. Ambos enfrentan cargos por haber recibido presuntamente cerca de 859.000 dólares para montar al menos tres recitales de gran envergadura. Las autoridades señalaron que ese capital provendría de un grupo liderado por un sospechoso de apellido Vargas, conocido con el alias de Sobrino.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, el cabecilla de esta organización permanece recluido en prisión preventiva desde enero de 2025. Pese a encontrarse tras las rejas, las pesquisas demostraron que continuaba dirigiendo maniobras financieras a través de intermediarios. El dinero destinado a los conciertos circulaba enteramente en billetes en efectivo, lo que facilitaba su integración en la economía formal sin levantar alertas tempranas en el sistema bancario costarricense.
Bienes incautados y actividades clandestinas
El masivo despliegue policial incluyó veintidós allanamientos simultáneos en distintos puntos del territorio costarricense y culminó con la detención de veintidós personas presuntamente implicadas en la red. Durante los procedimientos, la justicia ordenó la inmovilización de propiedades y activos valuados en unos 700 millones de colones, suma que equivale a 1,5 millones de dólares. Los investigadores intentan determinar si hubo otros espectáculos costeados con el mismo mecanismo.
El Organismo de Investigación Judicial aclaró que los artistas internacionales que se presentaron en las fechas investigadas no guardan relación con el esquema delictivo. La estructura diversificaba sus operaciones mediante exportaciones de oro fundido hacia los Estados Unidos, negocios inmobiliarios y compra de ganado. Además, obtenía ganancias ilícitas a través de extorsiones, loterías ilegales y préstamos informales bajo la modalidad denominada gota a gota.
Repercusiones políticas y el rol de las bandas criminales
Las derivaciones del caso alcanzaron el ámbito político luego de que trascendieran imágenes de la mandataria Laura Fernández junto al empresario Benavides Barboza. El encuentro se produjo el 28 de marzo durante un festival cuando Fernández era todavía presidenta electa. La mandataria declaró públicamente que acudió como espectadora sin sospechar de las actividades del productor y admitió que hubiera preferido evitar asistir a esa velada.
Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz destacó que este golpe desmantela el brazo económico de una banda que desafiaba los controles penitenciarios. Costa Rica, históricamente caracterizada por su estabilidad civil e institucional al carecer de fuerzas armadas desde 1948, atraviesa un incremento sin precedentes en la violencia homicida ligada al narcotráfico transnacional. Este fenómeno criminal plantea desafíos regulatorios idénticos a los que combate la justicia en Paraguay ante maniobras similares de lavado de dinero.
Datos clave
- Detención de productores: Dos organizadores de espectáculos fueron apresados por presuntamente recibir 859.000 dólares de origen ilícito en efectivo.
- Operativo masivo: La justicia ejecutó veintidós allanamientos simultáneos, arrestó a veintidós sospechosos y confiscó bienes tasados en 1,5 millones de dólares.
- Diversificación delictiva: La banda operaba con oro fundido hacia Estados Unidos, ganadería, bienes raíces, extorsiones y usura mediante cobros gota a gota.
- Liderazgo penitenciario: La estructura respondía a un recluso conocido como alias Sobrino, quien coordinaba las transferencias financieras desde prisión.
