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Honduras aprueba una nueva ley contra el lavado de activos que incluye control a criptomonedas

Redacción BM Online•18 de noviembre de 2026 a las 01:25 a. m.•Tegucigalpa

Diputados en el hemiciclo legislativo levantan la mano para votar durante una sesión plenaria del Congreso.

La lucha regional contra el lavado de activos sumó un nuevo capítulo tras la sanción legislativa de una norma integral en Centroamérica. El Congreso Nacional de Honduras aprobó un proyecto legal de 80 páginas que reforma cuatro marcos jurídicos vigentes para frenar los flujos ilícitos de capitales. La medida introduce mecanismos directos de control sobre operaciones electrónicas y actualiza los parámetros aduaneros del país.

Nueva regulación sobre el lavado de activos y criptomonedas

Uno de los puntos centrales del documento consiste en regular de forma pionera a los proveedores de servicios con divisas digitales. Hasta este debate, el ecosistema de las criptomonedas operaba sin directrices directas dentro de la normativa de prevención financiera hondureña.

Las autoridades buscan que los negocios que intermedian con monedas virtuales reporten operaciones sospechosas a los entes de supervisión. De este modo, el sistema financiero pretende cerrar brechas que facilitaban transacciones fuera de los circuitos bancarios tradicionales. El titular del Legislativo hondureño, Tomás Zambrano, destacó que este instrumento fortalece la capacidad institucional frente al lavado de activos y las estructuras delictivas organizadas.

Modificaciones aduaneras y posturas en el Congreso

La legislación también actualizó el umbral de divisas que los viajeros deben declarar al momento de cruzar los puestos fronterizos. El monto exento se elevó de 10.000 a 15.000 dólares estadounidenses, una variación que generó distintas reacciones en el recinto legislativo.

Durante la sesión, el diputado Carlos Umaña manifestó su asombro ante el incremento del límite aduanero, aunque admitió la conveniencia de modernizar las normativas. Por su parte, el parlamentario Mario Pérez remarcó la necesidad de respetar los fallos judiciales que dispongan la restitución de inmuebles incautados. A su turno, el legislador Marco Ramiro Lobo aseguró que las observaciones expuestas no buscaban obstaculizar la persecución del dinero sospechoso.

Por otro lado, el congresista Marlon Lara argumentó que la reforma era indispensable para alinear los procedimientos de las entidades bancarias con las normas internacionales. Los diputados de diferentes bancadas, incluidos representantes del Partido Libertad y Refundación, aportaron consideraciones antes de consolidar la votación favorable por mayoría.

Adecuación a las exigencias internacionales del GAFI

El principal motor de esta actualización legislativa radica en las evaluaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional y su filial regional, el GAFILAT. Honduras busca eludir su incorporación a la denominada lista gris, una categoría que castiga a las naciones con deficiencias estratégicas en sus controles.

Estar en esa nómina representa severas restricciones para el comercio exterior, dificultades en las transferencias bancarias y un encarecimiento del crédito soberano. La supervisión de operaciones no tradicionales evita el aislamiento económico y garantiza que las transacciones mantengan la debida trazabilidad requerida por los organismos multilaterales.

En la región, países como Paraguay siguen con atención estas adecuaciones legislativas, ya que las evaluaciones mutuas exigen una vigilancia rigurosa sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La normativa entrará en vigencia formal una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta para su aplicación inmediata por las autoridades competentes.

Datos clave

  • Reforma aduanera: Se elevó de 10.000 a 15.000 dólares el umbral obligatorio para declarar dinero en efectivo al ingresar o salir de Honduras.
  • Control a criptomonedas: Se incorpora por primera vez la supervisión formal a proveedores y plataformas de activos virtuales.
  • Estándares globales: La legislación busca evitar que el país caiga en la lista gris elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
  • Alcance jurídico: El decreto abarca siete apartados y modifica artículos de cuatro leyes vigentes en materia penal y financiera.

Fuente: infobae.com

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