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internacionales

Investigan por presunto lavado de dinero a Roberto Arzú y a sus cuatro hijos en Guatemala

Redacción BM Online•17 de noviembre de 2026 a las 10:45 p. m.•Ciudad de Guatemala

Hombre con gorra blanca y abrigo oscuro gesticula durante una exposición frente a una pantalla y varias personas

El caso Roberto Arzú sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Ministerio Público de Guatemala abriera una investigación penal contra el dirigente político y cuatro de sus hijos por presuntas operaciones irregulares en una entidad bancaria del Estado. Las pesquisas giran en torno al otorgamiento de tarjetas de crédito exclusivas, extrafinanciamientos millonarios y retiros de dinero en efectivo bajo sospecha de lavado de activos.

La causa permanece bajo reserva y fue revelada por el medio periodístico Vox Populi, detallando maniobras que involucran al banco Crédito Hipotecario Nacional durante un período específico de gestión administrativa.

Las alertas bancarias en el caso Roberto Arzú

El origen de este expediente radica en dos reportes de transacciones sospechosas remitidos por la Intendencia de Verificación Especial hacia la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero. A raíz de estas advertencias, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos requirió formalmente los informes bancarios de los involucrados en octubre de 2025 tras considerar la existencia presunta de un hecho punible.

Los investigadores analizan si los beneficiarios contaban con el respaldo patrimonial necesario para acceder a los compromisos asumidos. Para los peritos judiciales, varios de los movimientos concuerdan con los parámetros internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre blanqueo de capitales, tales como concesión de préstamos sin solvencia aparente, transferencias cruzadas y retiro constante de dinero metálico.

El circuito de préstamos y transferencias familiares

Los registros consignan que en octubre de 2023 el banco estatal aprobó tarjetas Visa Signature y extrafinanciamientos por 400.000 quetzales a José Roberto, Juan Sebastián, Juan Esteban y Alejandro Arzú Saravia. La misma suma fue otorgada a Osvin Ricardo De León De León, responsable de seguridad del grupo familiar y excandidato a diputado centroamericano.

La reglamentación de la entidad financiera requería contar con al menos 30 años de edad, un año de estabilidad laboral comprobada y remuneraciones mínimas mensuales superiores a 25.000 quetzales. Sin embargo, tres de los hermanos tenían 24, 27 y 29 años al instante de la autorización de los créditos. Posterior a la acreditación, José Roberto Arzú retiró el importe completo mediante un cheque de caja, mientras sus hermanos movilizaron los recursos hacia cuentas de otra firma bancaria.

Para marzo de 2024, los beneficiarios obtuvieron nuevos financiamientos por 480.000 quetzales cada uno para cubrir los saldos anteriores. Días después, transfirieron montos a una cuenta bancaria a nombre del custodio de la familia, acumulando fondos que luego fueron extraídos a través de cheques con destinos todavía desconocidos.

Vínculos empresariales y el escenario electoral

Dentro de las pesquisas judiciales, la fiscalía indaga un préstamo concedido en mayo de 2024 a Daniel de Jesús Catalán Chávez, quien luego libró un cheque por 200.000 quetzales a nombre del propio dirigente político. Esa deuda continúa impaga en la institución bancaria, cuya conducción de ese período estuvo a cargo de Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente general que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Asimismo, las averiguaciones apuntan al presunto empleo de una firma mercantil vinculada al aspirante para hacer figurar relaciones de dependencia laboral. El avance del caso Roberto Arzú genera repercusiones políticas de cara a las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2027, donde el dirigente figura como postulante por el partido Fuerza tras liderar sondeos recientes.

Datos clave

  • La fiscalía investiga a Roberto Arzú y sus cuatro hijos por transacciones en el banco Crédito Hipotecario Nacional.
  • Las operaciones sospechosas abarcan extrafinanciamientos por más de 1,6 millones de quetzales y retiros en efectivo.
  • Tres de los beneficiarios no alcanzaban la edad mínima ni los requisitos de solvencia fijados por la entidad.
  • La justicia penal autorizó el levantamiento de informes financieros ante posibles indicios de lavado de activos.

Fuente: infobae.com

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