La justicia en Guatemala dictó el sobreseimiento definitivo a favor de la líder comunitaria María Juana Elías, concluyendo así una serie de causas penales abiertas tras las masivas protestas sociales registradas en octubre de 2023. La resolución fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal de dicho país, a cargo del juez Mynor Moto, luego de que el Ministerio Público admitiera la falta de indicios criminales en la conducta de la procesada. Con este pronunciamiento, el tribunal ordenó el cese de toda persecución penal y dispuso medidas de reparación institucional.
Cierre definitivo de la causa por protestas sociales
El dictamen judicial favorable a María Juana Elías, quien formó parte de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, concluye formalmente el expediente legal derivado de las movilizaciones contra la exfiscal general Consuelo Porras. El Ministerio Público solicitó la falta de mérito al confirmar que no existían elementos probatorios que vincularan a la dirigente con hechos punibles durante aquellas jornadas de protesta cívica.
La defensa técnica de la exrepresentante comunitaria solicitó la falta de mérito y requirió el sobreseimiento total de la causa. El juzgador acogió ambos pedidos argumentando que no se aportaron evidencias sobre actos ilícitos atribuibles a Elías en los hechos investigados.
El juzgado descartó de forma categórica que los acontecimientos justificaran cargos por delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción a la justicia o asociación ilícita. La resolución judicial se basó en los artículos 172 y 328 del Código Procesal Penal guatemalteco, otorgándole fuerza de cosa juzgada una vez quede firme, restituyendo a Elías el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Legitimidad ancestral y orden de disculpa estatal
Durante la audiencia de resolución, el magistrado Mynor Moto precisó que las pruebas periciales, descargos documentales y actas institucionales confirmaron que los 48 Cantones representan una institución comunitaria ancestral. Esta constatación descartó la hipótesis fiscal preliminar que intentaba equiparar a la junta directiva indígena con una estructura delictiva.
El fallo judicial determinó que las acciones emprendidas por los dirigentes se enmarcaron plenamente en el derecho a la manifestación pacífica y en las prerrogativas consagradas en el artículo 66 de la Constitución guatemalteca sobre derechos de las comunidades originarias. En ese sentido, la resolución judicial impone a la Procuraduría General de la Nación realizar un acto público de disculpa en beneficio de las autoridades tradicionales que padecieron la criminalización de sus reclamos.
El pronunciamiento judicial permitió cerrar todos los expedientes conexos, en los cuales ya habían recuperado su libertad dirigentes como Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, además de autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá.
Reacciones institucionales y postura comunitaria
El resultado judicial generó repercusiones directas en las altas esferas gubernamentales y en las autoridades indígenas locales. Para el presidente Bernardo Arévalo, las diligencias seguidas contra dirigentes originarios conformaron una etapa crítica en la aplicación de la justicia en Guatemala, señalando que defender la democracia y las garantías ciudadanas no puede transformarse en causa penal.
Por su parte, Eduardo Tax, titular de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, destacó que el sobreseimiento ratifica la verdadera esencia pacífica de su organización colectiva. El dirigente explicó que la prioridad siempre fue garantizar la libertad de los representantes y salvaguardar la legitimidad comunitaria frente a acusaciones infundadas.
Las autoridades ancestrales señalaron que darán seguimiento al cumplimiento formal de la disculpa oficial ordenada por la justicia en Guatemala, lo cual consideran un paso necesario para reparar el agravio y fortalecer el tejido cívico de los pueblos indígenas.
Datos clave
- Sobreseimiento definitivo: El Juzgado Tercero Penal anuló los cargos por terrorismo, sedición y asociación ilícita contra María Juana Elías.
- Disculpa pública: El Estado guatemalteco, por medio de la Procuraduría General de la Nación, deberá pedir perdón público por la criminalización de dirigentes ancestrales.
- Fin del proceso: Con esta sentencia queda cerrado el último expediente penal contra miembros de los 48 Cantones de Totonicapán y de Sololá que protestaron en 2023.
- Respaldo constitucional: La judicatura ratificó que las manifestaciones de las autoridades indígenas estuvieron amparadas por la Constitución y su carácter ancestral legítimo.
