El expresidente Juan Orlando Hernández solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras el levantamiento de una alerta migratoria que todavía figura en los registros oficiales y le restringe el libre tránsito fuera de su país. La petición fue presentada por su equipo legal con el argumento de que la medida restrictiva debió quedar cancelada en abril de 2022, momento en que se completó su proceso de entrega a las autoridades de los Estados Unidos.
La abogada Angie Colindres, representante del exgobernante, comunicó que la disposición judicial original fue dictada por un juez natural durante la causa de extradición tramitada hace varios años. De acuerdo con la postura jurídica expuesta por la letrada, la orden de arraigo correspondía de manera exclusiva a garantizar la sujeción del procesado mientras se resolvía dicho trámite internacional, por lo que carece de justificación procesal mantenerla vigente una vez finalizada esa etapa.
El reclamo legal de Juan Orlando Hernández ante la Corte
El escrito remitido a la presidencia judicial hondureña busca que el máximo tribunal emita una comunicación oficial destinada al Instituto Nacional de Migración. Con este oficio se pretende que la entidad administrativa actualice su sistema operativo y proceda a eliminar la orden de restricción que todavía salta en las terminales fronterizas y aeroportuarias de la nación centroamericana.
La defensa técnica sostiene que la persistencia de esta alerta vulnera garantías fundamentales vinculadas con el debido proceso y la libertad de locomoción. Colindres remarcó que las medidas cautelares no pueden subsistir indefinidamente cuando la finalidad para la cual fueron adoptadas ya se consumó en el plano fáctico e institucional.
La desvinculación con el proceso Pandora II
Por otra parte, la representación legal aclaró de manera enfática que esta gestión no guarda vínculo con el expediente conocido judicialmente como Pandora II. En aquella causa penal, radicada en los juzgados hondureños bajo acusaciones por presunto fraude y lavado de activos, se determinó recientemente un sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, detalló oportunamente que el juzgado competente cerró la causa tras comprobar que el Ministerio Público no logró acreditar la trazabilidad económica en la supuesta financiación de campañas políticas. Aunque esa decisión conllevó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares ligadas a ese proceso, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República interpusieron apelaciones que ahora aguardan análisis en una instancia superior.
El contexto institucional y los pasos a seguir
En los sistemas jurídicos de la región, las prohibiciones de salida del país constituyen medidas precautorias de naturaleza accesoria que dependen de la subsistencia del juicio principal. Cuando un expediente concluye o su objeto se agota, los registros administrativos deben ser depurados por las autoridades judiciales competentes para evitar afectaciones indebidas a los derechos civiles del justiciable.
Ahora la Corte Suprema de Justicia de Honduras deberá resolver el requerimiento de los defensores y evaluar si corresponde ordenar el archivo definitivo de la medida en las bases migratorias. Hasta que dicha resolución no sea dictada y notificada a los organismos de control fronterizo, la situación administrativa de Juan Orlando Hernández mantendrá activa la prohibición de egreso del territorio hondureño.
Datos clave
- Origen de la medida: la alerta migratoria fue impuesta en 2022 durante el procedimiento judicial de extradición hacia los Estados Unidos.
- Planteo de la defensa: los abogados sostienen que la prohibición debió expirar automáticamente en abril de 2022 al ejecutarse la entrega.
- Sin nexo con Pandora II: el reclamo es independiente de la causa penal reciente donde se le dictó sobreseimiento por lavado y fraude.
- Resolución pendiente: la Corte Suprema de Justicia hondureña definirá si instruye a Migración la anulación formal de la restricción.
