La iniciativa para impulsar un juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, amplió su base de adhesiones y alcanzó el respaldo de doce miembros en la Cámara de Diputados. La propuesta cobró mayor fuerza a raíz de los cuestionamientos hacia la revisión de la declaración de bienes del ex presidente Santiago Peña. Los legisladores de la oposición preparan la versión definitiva del escrito acusatorio para presentarlo formalmente en el Congreso Nacional con sede en Asunción.
Adhesiones crecientes en la Cámara Baja
La diputada Johanna Ortega explicó que la propuesta comenzó con un grupo de apenas tres parlamentarios durante una de las últimas sesiones plenarias. Con el transcurso de las jornadas, las negociaciones entre bancadas permitieron duplicar primero la cifra y alcanzar luego doce parlamentarios dispuestos a rubricar la acusación.
La legisladora señaló que las conversaciones continúan abiertas hacia sectores independientes e incluso con legisladores de bancadas tradicionales. Ortega sostuvo que el aumento en los números responde a un examen detallado de las actuaciones institucionales y no a una postura coyuntural sin sustento jurídico.
Por su parte, el legislador Adrián Billy Vaesken ratificó que el Consejo Parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico resolvió semanas atrás emprender acciones contra las máximas autoridades del ente de fiscalización. Desde la óptica de Vaesken, existen indicios de mal desempeño que ameritan someter la labor de la institución a escrutinio parlamentario.
Argumentos centrales del juicio político al contralor
El núcleo principal de la acusación se concentra en el examen de correspondencia elaborado respecto a los activos patrimoniales de Santiago Peña. Los parlamentarios impulsores afirman que dicho análisis administrativo se emitió de forma anticipada, con supuestas irregularidades procesales, presuntamente buscando legitimar un crecimiento patrimonial cuestionado por sectores opositores.
De igual modo, la presentación pretende abarcar el desempeño del subcontralor Armindo Torres, a quien también señalan por supuestas omisiones en tareas de auditoría. Si bien las denuncias abarcan controversias en gestiones municipales, los legisladores sostienen que el detonante fundamental radica en la falta de rigurosidad técnica al verificar las declaraciones juradas de altas autoridades del Estado.
A este escenario se agregaron reclamos recientes expuestos por la diputada Johana Vega, quien manifestó haber recibido llamadas y presuntas advertencias por parte de la máxima autoridad de control. Ortega consideró que cualquier intento de condicionar el criterio de un parlamentario constituye una causal de gravedad institucional que respalda el juicio político al contralor.
El procedimiento constitucional y el equilibrio institucional
En la República del Paraguay, el enjuiciamiento de los directivos del órgano contralor se rige por el artículo 225 de la Constitución Nacional. Este mecanismo fija que la Cámara de Diputados cumple el rol acusador con una mayoría calificada de dos tercios, mientras que la Cámara de Senadores actúa como tribunal juzgador para resolver la continuidad o destitución del funcionario.
Frente al anuncio opositor, referentes de los bloques mayoritarios ya adelantaron que no brindarán sus votos para acompañar el trámite acusatorio. Pese a esa resistencia, los sectores que promueven el juicio político al contralor insisten en que deben agotar las instancias constitucionales para sentar un precedente sobre la transparencia en los organismos de control.
El borrador final del libelo acusatorio quedará concluido tras las revisiones técnicas del fin de semana, tras lo cual iniciará la recolección de firmas entre los miembros de la Cámara Baja. Los impulsores buscan consolidar una base suficiente de firmas que evidencie un descontento formal hacia la cúpula de la fiscalización pública.
Datos clave
- Doce diputados confirmaron su respaldo a la elaboración del documento acusatorio contra el titular de la Contraloría.
- El examen patrimonial de Santiago Peña representa el principal motivo señalado por los proyectistas para solicitar la remoción.
- La iniciativa parlamentaria incluye un pedido de destitución tanto para Camilo Benítez como para el subcontralor Armindo Torres.
- El proceso constitucional paraguayo exige una mayoría calificada de dos tercios en Diputados para elevar la causa ante el Senado.






