El tratamiento de un eventual juicio político al contralor Camilo Benítez no contará con el respaldo de la bancada de Colorado Añetete en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó el legislador Daniel Centurión en Asunción, quien aseguró que no existen elementos objetivos que demuestren una actuación irregular coordinada con el Ministerio Público. La postura parlamentaria apunta a evitar nuevas tensiones institucionales tras los recientes cambios en la conducción nacional.
Postura legislativa ante el juicio político al contralor
Centurión remarcó que las acusaciones promovidas por sectores de la oposición carecen de fundamentos firmes y responden a interpretaciones sesgadas de los hechos. Desde su bancada consideran que la máxima autoridad fiscalizadora fue ratificada recientemente por amplia mayoría en el Congreso Nacional, incluyendo votos de diversos sectores políticos. En ese marco, planteó que resulta necesario permitir el normal desarrollo de las tareas de control administrativo sin recurrir a mecanismos de remoción de forma recurrente.
El parlamentario colorado sostuvo que el foco legislativo debe orientarse hacia la recuperación económica y el bienestar ciudadano. En su criterio, iniciar un nuevo juicio político al contralor desvirtuaría los esfuerzos enfocados en devolver la estabilidad a los organismos del Estado paraguayo. Por tales motivos, insistió en que el titular de la Contraloría debe permanecer en funciones mientras no aparezcan evidencias concluyentes sobre presuntos delitos.
Cuestionamientos al manejo de fondos y responsabilidades
Durante sus declaraciones, el diputado hizo hincapié en el deterioro financiero que involucró colocaciones de recursos previsionales en entidades bancarias. Según sus afirmaciones, desde el Poder Ejecutivo anterior se alteraron los parámetros de inversión del Instituto de Previsión Social para priorizar el rendimiento monetario por encima de la seguridad de los fondos. Esa modificación permitió canalizar más de quinientos millones de dólares hacia operaciones que terminaron perjudicando las finanzas previsionales.
El legislador calificó esas maniobras como parte de una estructura coordinada orientada a obtener ventajas económicas mediante el uso indebido de atribuciones estatales. En esa línea, remarcó que las reformas normativas sobre conflictos de intereses facilitaron la designación de figuras cuestionadas en puestos de decisión. Por esta razón, afirmó haber denunciado de manera continua las determinaciones adoptadas durante el mandato del expresidente Santiago Peña.
Investigaciones judiciales y situación del Ministerio Público
En relación con el ámbito penal, Centurión subrayó que el renunciante fiscal general Emiliano Rolón Fernández debe ser sometido a un proceso de investigación riguroso. Indicó que existen denuncias y sospechas sobre su rol en las irregularidades que desataron la crisis bancaria, por lo que la justicia ordinaria debe determinar responsabilidades sin distinciones. El parlamentario añadió que los involucrados deben responder tanto con sanciones penales como con sus patrimonios particulares para indemnizar a las víctimas.
Respecto a la designación de Alba Cantero como fiscala general interina, el legislador manifestó la expectativa de que su desempeño mantenga distancia de presiones políticas y económicas. Consideró fundamental que la nueva conducción fiscal actúe con independencia técnica para esclarecer los perjuicios financieros que afectaron a numerosos ciudadanos. De manera paralela, anunció que la mesa directiva de la Cámara Baja recibirá a las personas damnificadas por el esquema bancario para evaluar mecanismos de restitución.
Datos clave
- Rechazo a la destitución: La bancada de Colorado Añetete descartó apoyar el juicio político al contralor Camilo Benítez por considerar infundadas las acusaciones de complicidad.
- Prioridad institucional: El diputado Daniel Centurión argumentó que el Congreso debe abocarse a la estabilidad gubernamental y dejar trabajar al órgano de control.
- Irregularidades en previsión social: Se denunció el desvío de más de 500 millones de dólares del Instituto de Previsión Social tras flexibilizaciones normativas del Ejecutivo.
- Exigencia a la Fiscalía: Legisladores reclaman investigar al renunciante fiscal general Emiliano Rolón y piden resarcimiento patrimonial a favor de los ahorristas afectados.






