El juicio político a Santiago Peña sumó este viernes un nuevo momento de tensión institucional cuando la Cámara de Senadores reanudó la sesión extraordinaria para resolver el pedido de postergación de la defensa. El presidente renunciante solicitó una prórroga de 72 horas tras alegar que no tuvo el tiempo necesario para preparar su descargo legal frente al libelo acusatorio formulado en su contra. La definición quedó exclusivamente en manos de los 45 legisladores que conforman el tribunal de sentencia en la sede parlamentaria de Asunción.
El mandatario argumentó ante los parlamentarios que recibió la comunicación oficial a las 22:15 del jueves, junto con un expediente de 15 páginas y cerca de 300 folios de anexos documentales. Frente a ese escenario, la defensa consideró insuficiente el lapso de pocas horas para analizar las imputaciones. El diputado liberal Rodrigo Blanco, integrante del plantel de ocho fiscales acusadores designados por la Cámara Baja, puntualizó ante los medios que la potestad de aceptar o denegar esa ampliación de plazo corresponde con exclusividad al pleno del cuerpo legislativo.
Posturas divididas sobre el juicio político a Santiago Peña
Dentro de la Cámara Alta surgieron marcadas divergencias respecto a la viabilidad jurídica de postergar el cronograma de audiencias. La senadora liberal Celeste Amarilla consideró prudente otorgar un plazo prudencial de 48 horas con el objetivo de blindar el debido proceso constitucional. Según su análisis, este margen temporal evitaría que el mandatario desplace futuros reclamos a tribunales internacionales en caso de concretarse una resolución de destitución.
En la vereda contraria, el legislador liberal Líder Amarilla calificó el requerimiento como una maniobra dilatoria y reclamó continuar las etapas sin modificaciones en el calendario original. En una línea semejante, el senador opositor Rubén Velázquez manifestó que existen mayorías legislativas orientadas a desestimar la solicitud para avanzar hacia las fases de descargo y votación. Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, señaló que evaluaría el tema con líderes de bancada para equilibrar las garantías judiciales con el ritmo del juzgamiento.
Abogados confirmados y cronograma de sesiones
Para articular su representación técnica en este proceso de enjuiciamiento, el mandatario designó formalmente a los profesionales del derecho Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro ya cuenta con antecedentes en este tipo de litigios parlamentarios, luego de haber ejercido la defensa del expresidente Fernando Lugo en el año 2012. Ambos letrados fueron comunicados a través de las redes sociales oficiales del jefe de Estado mientras aguardan la resolución del pleno.
El esquema de trabajo fijado por la Cámara de Senadores contempla el desarrollo de cinco convocatorias extraordinarias. La primera sirvió para estructurar el tribunal de juzgamiento y recibir el escrito de Diputados, que fue aprobado por unanimidad con 78 votos favorables. Las sesiones siguientes fueron diseñadas para escuchar el descargo de la defensa, diligenciar y analizar el caudal probatorio, escuchar los alegatos finales de las partes y culminar con la votación nominal de los parlamentarios.
La crisis financiera que provocó el enjuiciamiento
El avance del juicio político a Santiago Peña se desencadenó a partir del colapso de Ueno Bank, entidad que ingresó a un proceso de resolución administrativa dispuesto por el Banco Central del Paraguay. La autoridad monetaria tomó la determinación tras detectar índices insuficientes de solvencia, circunstancia que provocó la inmovilización de fondos de miles de ahorristas particulares y recursos de diversas dependencias públicas del Estado.
La gravedad de la situación generó inmediatas protestas ciudadanas y la articulación de sectores opositores y colorados disidentes, quienes atribuyeron al mandatario presunto mal desempeño de funciones vinculado a la caída bancaria. Aunque Peña remitió formalmente su dimisión a la Presidencia de la República, la sesión bicameral encargada de tratarla quedó sin quorum por el retiro de congresistas oficialistas, de modo que sigue en ejercicio del cargo mientras el Congreso define su futuro institucional.
Datos clave
- El pedido de prórroga: Santiago Peña solicitó un plazo de 72 horas para articular su descargo tras ser notificado a las 22:15 del jueves con más de 300 fojas de anexos.
- El equipo acusador: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 78 votos el libelo y nombró a ocho fiscales acusadores para sostener los cargos ante el Senado.
- Los abogados defensores: el mandatario designó a Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda como sus representantes legales ante el tribunal legislativo.
- El origen de la crisis: el juicio político se activó tras la intervención y resolución de Ueno Bank por insolvencia resuelta por el Banco Central del Paraguay.
