El juicio político a Peña carece de sustento constitucional tras la renuncia presentada por el mandatario, según argumentó su representante legal ante la Cámara Alta. El profesional del derecho Adolfo Ferreiro solicitó suspender el juzgamiento iniciado en el Congreso Nacional. La defensa fundamentó su postura en la naturaleza jurídica de este mecanismo y en precedentes históricos.
Durante su alocución en la sede legislativa, el abogado defensor sostuvo que el procedimiento previsto en la Carta Magna paraguaya se aplica de forma exclusiva a autoridades en funciones. Al formalizarse la dimisión voluntaria al cargo, la figura pierde su objeto primordial. Por ende, la continuidad del trámite representaría una vulneración procesal grave para el país.
La renuncia y el juicio político a Peña en el Congreso
Ferreiro expuso que la renuncia es un derecho fundamental que extingue de inmediato la calidad de funcionario público del afectado. Bajo esa premisa técnica, insistió en que el juicio político a Peña no puede avanzar sobre un ciudadano que ya declinó el poder. Desde su óptica, forzar la continuidad del proceso carece de amparo normativo.
El jurista rebatió también la tesis de que la renuncia requiera una convalidación forzosa del pleno legislativo para surtir efecto vinculante. Explicó que la exigencia de tratamiento parlamentario busca proteger a la autoridad de presiones indebidas o dimisiones forzosas. Cuando el acto es enteramente voluntario, la dimisión debe producir consecuencias directas sin dilaciones deliberadas.
Para fundamentar su planteamiento ante los senadores, el defensor rememoró litigios institucionales anteriores en los cuales intervino directamente. Mencionó las ocasiones en que ministros de la Corte Suprema de Justicia renunciaron en pleno trámite. En aquellos episodios, la Cámara Alta optó por archivar los procedimientos al extinguirse el cargo que motivaba la acusación.
Advertencia sobre eventuales sanciones internacionales
La defensa del mandatario saliente advirtió sobre las repercusiones jurídicas que acarrearía persistir con el enjuiciamiento. Señaló que la insistencia en destituir a quien ya dimitió expondría a la República del Paraguay a litigios ante instancias internacionales. En particular, citó los organismos del sistema interamericano de derechos humanos.
El abogado remarcó que las decisiones parlamentarias contrarias a las garantías básicas pueden derivar en condenas contra el Estado. Aseguró que buscar una sanción política fuera de los márgenes constitucionales representa una torpeza institucional. La defensa recalcó que el objetivo de su exposición radica en resguardar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
Por otra parte, el representante legal abordó la futura investidura del exmandatario como senador vitalicio según las normativas vigentes. Descartó rotundamente que dicha condición implique un manto de impunidad o un blindaje ante posibles investigaciones. Recordó que los senadores vitalicios integran el cuerpo pero no poseen voto ni conforman cuórum reglamentario.
Disponibilidad ante los tribunales ordinarios
Al formalizar su apartamiento del Poder Ejecutivo, el mandatario se coloca voluntariamente bajo la jurisdicción de los órganos judiciales comunes. Ferreiro explicó que el expresidente queda sometido a las actuaciones del Ministerio Público y de los juzgados competentes sin necesidad de una destitución parlamentaria previa. De este modo, cualquier eventual irregularidad puede ser investigada sin privilegios de gestión.
El defensor concluyó que mantener abierto el juicio político a Peña desnaturaliza las funciones encomendadas al Poder Legislativo en la Constitución de 1992. Reiteró que el instrumento solo busca remover del despacho a quien ejerce la autoridad y no juzgar conductas reservadas a la justicia penal o civil. La decisión final permanece en manos de los miembros de la Cámara de Senadores.
Datos clave
- Postura jurídica: la defensa argumentó que el juicio político cesa de forma automática cuando el acusado renuncia a sus funciones oficiales.
- Precedentes citados: se recordaron antiguos procesos contra ministros de la Corte Suprema donde las dimisiones clausuraron los juicios en el Senado.
- Riesgo exterior: advirtieron sobre probables condenas contra el Estado paraguayo ante tribunales internacionales si persiste el procedimiento parlamentario.
- Justicia ordinaria: el mandatario dimitente quedó plenamente a disposición de la Fiscalía General del Estado para cualquier investigación legal.
