El juicio político a Santiago Peña sumó este viernes el respaldo del sector magisteril luego de que la Federación de Educadores del Paraguay anunciara un paro general de actividades. La medida de fuerza busca presionar al Congreso Nacional para definir la destitución del mandatario renunciante y exigir salvaguardas sobre los recursos previsionales administrados por el Estado.
La determinación gremial fue comunicada en medio de la segunda etapa de la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. En dicha instancia legislativa se debate el juzgamiento del jefe de Estado saliente, vinculado a la reciente crisis financiera desatada tras la intervención del sector bancario.
Convocatoria a paro de actividades y reclamo previsional
A través de un pronunciamiento oficial dirigido a los trabajadores de la educación, el gremio docente formalizó el llamado a una huelga total en las instituciones escolares de todo el territorio nacional. La dirigencia sindical remarcó que las medidas de fuerza comenzarán a ejecutarse desde el próximo lunes 9 de noviembre, acompañadas de manifestaciones callejeras en distintos puntos del país.
El detonante de la protesta reside en la incertidumbre sobre la estabilidad de los fondos previsionales y los recursos públicos que integran la Caja Fiscal. Según denunció la organización de maestros, la coyuntura financiera actual compromete directamente la seguridad de las jubilaciones de miles de educadores paraguayos, por lo que solicitaron garantías formales del Estado para proteger esos ahorros.
El impacto de la crisis bancaria en el juicio político a Santiago Peña
El enjuiciamiento de Peña surge como derivación de la intervención aplicada por el Banco Central del Paraguay a la entidad Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, firma en la que el mandatario renunciante figuró como accionista. La autoridad monetaria activó el mecanismo legal de resolución tras confirmar que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del cincuenta por ciento del mínimo establecido por las normas bancarias vigentes.
Esta determinación técnica provocó el bloqueo e inmovilización de más de tres millones de cuentas en el sistema financiero. La repercusión económica impulsó la acusación constitucional contra el jefe de Estado, ante las sospechas de responsabilidades directas en la vulneración del sistema bancario nacional.
Debate legislativo y exigencia de proceso judicial
Mientras en la Cámara de Senadores se evalúa el curso del juicio político a Santiago Peña, el presidente renunciante remitió un escrito en el que solicitó una extensión de setenta y dos horas para articular su defensa técnica. No obstante, un sector representativo de los legisladores manifestó su intención de acelerar el tratamiento y definir la votación en la misma jornada.
Frente a este escenario de prórroga, la Federación de Educadores del Paraguay reclamó la inmediata destitución mediante el mecanismo constitucional de juzgamiento político. Asimismo, el sindicato demandó que el caso pase a los estrados del fuero penal ordinario, con el fin de determinar las sanciones judiciales correspondientes para evitar la impunidad de las pérdidas patrimoniales sufridas por los usuarios.
Datos clave
- Medida de fuerza: La Federación de Educadores del Paraguay convocó a un paro total de actividades académicas y movilizaciones en todo el país a partir del lunes 9 de noviembre.
- Demanda sindical: Los maestros exigen la destitución del mandatario y la garantía estatal para los fondos jubilatorios de la Caja Fiscal.
- Causa del proceso: La crisis se originó por la intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank por insolvencia, afectando a más de tres millones de cuentas bancarias.
- Discusión en el Senado: La Cámara Alta debate el juzgamiento mientras el mandatario renunciante pidió un plazo de setenta y dos horas para su descargo.
