El juicio político a Santiago Peña sumó este viernes un nuevo capítulo de alta tensión en el Congreso Nacional tras el pedido formal de prórroga presentado por el mandatario paraguayo. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se reunió en Asunción para analizar la solicitud de 72 horas formulada por el jefe de Estado, quien argumentó la falta de tiempo suficiente para estructurar su descargo legal tras haber recibido la notificación cerca de la medianoche previa.
La controversia jurídica y política mantiene en vilo a las instituciones republicanas, mientras diferentes bancadas parlamentarias debaten el alcance del debido proceso. La convocatoria oficial para comparecer ante la plenaria del Senado estaba prevista para esta mañana, pero la indefinición sobre los plazos obligó a extender las deliberaciones previas entre los líderes de los diversos sectores legislativos.
El debate sobre el juicio político a Santiago Peña y los plazos
A la salida de la reunión de la mesa directiva, el senador Eduardo Nakayama explicó que la definición sobre el pedido de postergación será resuelta por el pleno en la segunda sesión de la jornada. El parlamentario remarcó que las disposiciones normativas del Parlamento califican este trámite como improrrogable, por lo que desestimó la viabilidad de conceder más tiempo al mandatario.
Nakayama sostuvo además que la percepción generalizada en los pasillos legislativos apunta a que el juicio político a Santiago Peña concluirá en el transcurso del mismo día. Según su perspectiva, la pronta finalización del juzgamiento resulta indispensable para brindar previsibilidad institucional y calma social a la República del Paraguay tras jornadas consecutivas de convulsión política.
En contrapartida, la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico, Celeste Amarilla, anticipó una postura favorable a la prórroga de tres días planteada por el Ejecutivo. La legisladora argumentó que garantizar un término prudencial para la defensa preserva los principios constitucionales y evita que el Estado enfrente eventuales demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de garantías procesales.
Renuncia rechazada y el origen del enjuiciamiento
La actual crisis política escaló velozmente luego de que la Cámara de Diputados aprobara el libelo acusatorio durante la jornada del jueves. Ante ese escenario, el mandatario intentó dimitir a su cargo, pero la Cámara Baja rechazó la renuncia de forma contundente para evitar que acceda de inmediato a los fueros de senador vitalicio previstos en el ordenamiento nacional.
La posibilidad de que el presidente saliente contara con inmunidad parlamentaria cobró especial relevancia pública ante la intervención del Ministerio Público. La Fiscalía inició una investigación formal sobre las actuaciones del gobernante a partir del colapso del sistema de Ueno Bank, entidad corporativa en la que el titular del Ejecutivo figuraba como accionista hasta el año pasado.
El detonante principal que precipitó el juicio político a Santiago Peña ocurrió tras la decisión del Banco Central del Paraguay de ordenar la resolución de dicha entidad financiera. El organismo supervisor detectó graves problemas de solvencia patrimonial derivados del otorgamiento de préstamos que excedían los topes legales permitidos a firmas pertenecientes a su propio conglomerado económico, lo que provocó el congelamiento de fondos públicos y de miles de ahorristas paraguayos.
Datos clave
- El Senado analiza la prórroga: la mesa directiva del Congreso no alcanzó consenso inicial sobre el pedido de 72 horas solicitado por Santiago Peña.
- Posturas opuestas en la oposición: Eduardo Nakayama califica el proceso como improrrogable, mientras Celeste Amarilla advierte sobre posibles sanciones internacionales si se vulnera el derecho a la defensa.
- Renuncia bloqueada: la Cámara de Diputados desestimó la dimisión del presidente para impedir que asuma como senador vitalicio con fueros parlamentarios.
- Investigación fiscal abierta: el proceso se vincula con la intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank por créditos otorgados irregularmente a empresas vinculadas.
